El Gobierno, la patronal y los sindicatos escenificaron ayer en Palma de Mallorca el inicio de las negociaciones para la que está llamada a ser la cuarta prórroga de los ERTE de la era Covid. En una primera reunión para marcar posiciones, el único consenso que ha traslucido de manera unánime entre las partes ha sido el evitar la mengua de las prestaciones de aquellos trabajadores afectados por un ERTE de larga duración. Hasta cuándo se renovará, si se acotará por sectores o será para todos igual y cual será el monto de las ayudas para las empresas son los detalles que comienzan a debatirse ahora. La mesa técnica que avanzará en ello está citada el próximo lunes.
En Palma de Mallorca, icono buscado de ese turismo masacrado por la crisis del Covid, el Gobierno veló ayer armas ante tres semanas de negociaciones. Con el 30 de septiembre como fecha límite para prorrogar los incentivos a unos ERTE en los que todavía hibernan, parcial o totalmente, 812.438 trabajadores en toda España. "Vamos a intentar dar la mayor certidumbre posible", se comprometió ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Las principales diferencias se centran en las ayudas a las cotizaciones a la Seguridad Social, donde patronal y sindicatos piden que se exonere más a las empresas y trabajadores.
