El Gobierno ha recuperado para su agenda inminente la derogación parcial de la última reforma laboral del PP. El Ejecutivo aprobó ayer su Plan Anual Normativo, que sintetiza sus prioridades legislativas para este semestre. Una de estas es "recuperar el papel de la negociación colectiva", lo que pasa por modificar algunas de las herencias que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy. Un desmantelaje que no comenzará a volver a debatirse hasta tener cerrado con los agentes sociales la cuarta prórroga de los ERTE. Cuya negociación está en curso.

La recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la vuelta a la ultraactividad serán la punta de lanza de este primer paso, que previamente deberá pasar por las mesas de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. En estas además se discutirá la limitación de la subcontratación y sus condiciones laborales, según explicaron fuentes de Trabajo. También, las condiciones que permiten a los empresarios "inaplicar" un convenio y modificar de forma unilateral las condiciones de salario y jornada. Otras cuestiones del acuerdo de legislatura entre PSOE y Podemos, como el coste del despido o la reforma de la contratación, no forman parte de esta primera entrega de la contrarreforma laboral.

La pandemia del coronavirus dinamitó la agenda legislativa del Gobierno de coalición y dejó en stand by varias de las negociaciones en curso. Una de estas fue la derogación de parte de la reforma laboral del 2012, la de aquellos aspectos que permitían un mayor consenso entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Podemos. Las conversaciones con la CEOE, CCOO y UGT estaban ya encauzadas cuando llegó el virus y, hasta entonces, la primera fecha límite que el Ministerio de Trabajo dejó caer sobre la mesa de diálogo social para comenzar el desmantelaje fue septiembre.

Tres cuestiones estaban entonces sobre la mesa: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y la limitación de la subcontratación entre empresas. No había consenso con la CEOE y el Gobierno hasta ahora no ha querido sacar nada sin todas las partes. Y ese planteamiento sigue en pie, según expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros.