El sistema alternativo que plantea el Gobierno a la interrumpibilidad, el mecanismo de seguridad del sistema eléctrico que ayudaba a las fabricas a reducir sus costes energéticos, no convence a la gran industria. La Asociación de Empresas con Gran Consumo Eléctrico (AEGE), a la que pertenecen compañías radicadas en la comunidad gallega como Celsa, Ferroatlántica, Alcoa, Megasa o Showa Denko, ultima alegaciones para tratar de que el mecanismo ayude realmente a las industrias a ser competitivas y aleje los riesgos de cierres.
El estatuto del consumidor electrointensivo -que el Gobierno no acaba de aprobar y que es considerado por la gran industria como insuficiente para conseguir equiparse en costes energéticos con sus competidores europeo- no será el único instrumento que tendrán las fábricas a su disposición para rebajar el precio de la luz. El Ministerio para la Transición Ecológica pretende aprobar antes de que finalice el año la creación de una "Reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico", una herramienta que tomará el relevo del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que se desactivó el pasado mes de junio y que durante años fue el principal instrumento para rebajar el precio de la luz. Sin embargo, para optar al nuevo servicio, las industrias tendrán que competir con productores eléctricos y almacenadores de energía. Además, los bloques de potencia que se subastarán serán muy reducidos, de un mínimo de sólo 1 MW, lo que perjudica a la gran industria gallega.
El estatuto del consumidor electrointensivo -cuya aprobación se ha vuelto aplazar, ahora para octubre y sin consignación presupuestaria al menos hasta 2021- incluye compensaciónes por coste indirectos de CO2; compensaciones por financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de territorios no peninsulares, y cobertura pública de contratos de electricidad a largo plazo. No se incluyó, como demandaba la industria, el mantenimiento del servicio de interrumpibilidad, por el cual las grandes factorías intensivas en consumo eléctrico estaban dispuestas a desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema a cambio de una retribución que les ayudaba a reducir el diferencial de precios energéticos como factorías de países como Alemania o Francia, donde hay importantes compensaciones en la factura.
El Ministerio para la Transición Energética eliminó la interrumpibilidad el pasado junio alegando que no se ajustaba a las normas de competencia europeas, pero es consciente de que ese tipo de herramientas son vitales para dar seguridad a un sistema eléctrico español en el que cada vez tienen más protagonismo las energías renovables, con su variabilidad dependiendo de las condiciones climatológicas; en el que se están cerrando centrales térmicas de carbón que daban respaldo rápido; en el que aún hay graves carencias de interconexiones con otros países; en el que siguen pudiéndose dar situaciones extremas por fallos en la red; en el que puede haber desviaciones importantes de la demanda eléctrica respecto a la prevista, y en el que la volatilidad de los precios será creciente.
En ese contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha diseñado una alternativa a la interrumpibilidad que, afirma, se ajusta a la normativa europea y a los objetivos de reducción de emisiones de CO2, y que solucionará con velocidad las situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo. Se denomina "Reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico" y aún está en información pública hasta el próximo día 18. La intención del Ministerio es que ya esté operativa con el inicio del próximo año, pero varias patronales de la industria ultiman alegaciones.
A diferencia de la interrumpibilidad, en este caso no sólo pueden prestar el servicio industrias con un alto consumo eléctrico. Se actuará también desde la oferta y podrán prestar el servicio tanto instalaciones de generación de energía eléctrica que no participen en el mercado de producción (en el pool) y que cumplan con un límite máximo de emisiones de CO2, como instalaciones de almacenamiento de energía. Es decir, habrá más actores en competencia, lo que resta posibilidades a la industria. Además, en lo que respecta a la asignación del servicio, éste se llevará a cabo a través de un mecanismo de subasta en la que se pujarán por bloques de un mínimo de 1 MW de potencia, coincidiendo el periodo de prestación con el año natural. "El servicio de reservas estratégicas está abierto a todo tipo de instalaciones y tecnologías, siendo el tamaño mínimo de la oferta reducido para favorecer que el mayor número posible de instalaciones puedan ser proveedoras del mismo", señala la memoria del proyecto de orden por el que se crea la Reserva.
Retribución variable
Fuentes del sector de la industria electrointensiva apuntaron que el incremento de actores y el pequeño tamaño de los bloques de potencia (en las subastas de interrumpibilidad eran inicialmente de 90 y 5 MW y posteriormente los mayores se redujeron a 40 MW) favorecerá el hundimiento de precios e impedirá a la gran industria obtener remuneraciones que contribuyan a rebajar sensiblemente su gasto energético. Además, la retribución no será fija como en la interrumpibilidad. Habrá un componente fijo ligado a la reserva estratégica a suministrar y al precio asignado en la subasta, y un componente variable ligado a la efectiva aplicación del servicio. La presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, se refirió en su reciente comparecencia en el Congreso a este sistema alternativo a la interrumpibilidad y afirmó que "debe de tener un contenido similar al que tiene en otros países de Europa" y "debe permitir a la industria dar ese servicio".
