El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, consideró ayer "absolutamente legítimo" que se puedan volver a vincular las pensiones al IPC. No obstante estimó que ello debería ir acompañado de medidas "automáticas" para reforzar la sostenibilidad del sistema ya que se estima que el gasto en pensiones aumentaría en unos 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en algo más de 3 puntos en 2050.
En una conferencia telemática organizada por la Fundación Edad & Vida, Arce se refirió, en particular, a la posibilidad de compensar este mayor gasto retrasando el retiro más allá de la edad legal de jubilación, pero lamentó que los incentivos para ello son "muy débiles y prácticamente inexistentes".
A ello se refirió también el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su reciente comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo. Allí, Escrivá explicó que mientras que en otros países europeos como Portugal, Reino Unido, Alemania o Francia, los pensionistas obtienen bonificaciones máximas entre el 12% y el 5% por demorar la jubilación, en España "los incentivos son muy pobres", en un rango de entre el 2% y el 4%.
Escrivá subrayó entonces la conveniencia de "un nuevo sistema de incentivos para retrasar la edad de jubilación" y, al mismo tiempo, desincentivar el retiro anticipado. En la actualidad la edad legal de jubilación se sitúa en 65,8 años (y alcanzará los 67 años en el 2027). La edad efectiva es de 64,6 años.
Arce también citó ayer otras "alternativas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones", como ampliar el periodo de cálculo para la pensión, nuevas figuras impositivas e impulsar los planes de ahorro.
