El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a ampliar plazos y eliminar trámites para "agilizar" las concesiones del ingreso mínimo vital (IMV). Lo hizo después de haber recibido duras críticas por la lentitud de la administración en el pago de estas subvenciones que van dirigidas, precisamente, a las familias con unas mayores urgencias económicas.
En definitiva, lo que ha hecho el Gobierno es podar buena parte de la tediosa burocracia que debían de afrontar las familias que solicitaran ese ingreso. La ministra portavoz, María Jesús Montero, calificó el ingreso mínimo vital como una de las normas "más importantes" de la legislatura y aseguró que "se han incorporado algunos aspectos de mejora que permiten dar respuesta en un menor plazo de tiempo que el actual". Entre ellas, la ministra destacó la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre, "para que las solicitudes que se presenten hasta finales de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio", o una ampliación del plazo para resolver y notificar estas solicitudes de hasta 6 meses, "garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta la actualidad".
El Ejecutivo ha aprobado también eliminar el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y transforma esta obligación en un procedimiento que "se podrá cumplimentar en los seis meses posteriores al reconocimiento de la prestación".
Del mismo modo, se facilitará el cruce de datos por parte de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para obtener una información automática y eliminar un tramite, y se favorecerá que los beneficiarios actuales de las rentas básicas propias de las autonomías pasen a serlo también del IMV, reconociendo, así, las resoluciones de los funcionarios que trabajan a ese nivel.
