La dirección de Alu Ibérica aseguró ayer que "ha tenido que proceder a la apertura de expedientes" al presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, a raíz de una entrevista publicada el pasado 14 de septiembre en LA OPINIÓN, en la que el líder sindical llama "delincuentes" a los actuales propietarios: el Grupo Riesgo. "Alu Ibérica respeta siempre el derecho legítimo de los trabajadores a manifestar sus posiciones, pero no las descalificaciones, insultos y falsedades que, vertidos de manera sistemática, ocasionan graves perjuicios para las ventas, obstaculizan el cierre de acuerdos y dañan el clima de trabajo interno", señaló la dirección en un comunicado.
La respuesta de los empleados de la aluminera coruñesa no se hizo esperar y ayer se concentraron delante de la factoría para exigir que la empresa retire el expediente sancionador, una acción que califican de "persecución" por parte de la compañía. En la movilización cortaron un carril de tráfico.
Según los sindicatos, Corbacho podría enfrentarse al despido disciplinario por "falta de respeto" a la dirección. En concreto, el secretario xeral de la Federación de Industria de CCOO, Víctor Ledo, explicó que el informe de la empresa considera que el líder sindical "desprestigió" a los directivos de la misma por llamarles "delincuentes". Las centrales ya anunciaron que presentarán alegaciones al expediente y después la compañía propondrá la sanción que, de inicio, califica como "muy grave". "No lo vamos a a consentir ni nos van a amedrentar, van a fortalecer la defensa de los puestos de trabajo", señaló Ledo.
El pleno del comité de empresa de Alu Ibérica, en el que están representados CCOO, UGT, CIG y APC, mostró su "total apoyo" al presidente del mismo y criticó el "comportamiento antisindical de acoso al que viene sometiendo de manera reiterada el Grupo Riesgo a los representantes de los trabajadores en las dos plantas de A Coruña y Avilés". El comité sostiene que "no va a consentir ningún tipo de coacción en detrimento de la defensa de los derechos de los trabajadores" y sostiene que continuará denunciando públicamente y ante las administraciones "los incumplimientos e irregularidades que observamos en el Grupo Riesgo".
"Este comité no reconoció y continúa sin reconocer al Grupo Riesgo como dueño legítimo de la empresa, pues entendemos que se aprovechó de la situación de estado de alarma por Covid-19 para vulnerar los acuerdos anteriores por la venta de las fábricas, por tanto, y para nosotros, ocupa ilegalmente las empresas de A Coruña y Avilés", señalan los representantes de los trabajadores. Los sindicatos aseguran que defenderán las fábricas "de lo que consideramos una estafa y una persecución sindical".
Por su parte, la dirección de la empresa mostró su "preocupación" al ver que "un reducido grupo del comité de empresa está poniendo palos en las ruedas, impidiendo el normal desarrollo de la actividad de la fábrica". Mientras los sindicatos aseguran que la producción es mínima, la compañía sostiene que ha pasado de 980 toneladas en abril a 3.300 en agosto. Mientras los trabajadores advierten de que no se ha cumplido el plan de inversiones pactado en el acuerdo de compraventa entre Parter y Alcoa, la empresa sostiene que está acometiendo inyecciones "significativas" en las plantas y pone como ejemplo "los 9,7 millones por la compra de tecnología punta a Hycast, que forma parte deun plan global de inversiones de 150 millones de euros" durante los próximos cinco años.
