La compañía estadounidense Alcoa ha logrado lo más difícil en un país como España, esto es, poner de acuerdo al conjunto de la sociedad política y civil. Las críticas a su negativa a vender la aluminera de San Cibrao antes del domingo se sucedieron ayer desde todos los estamentos. Tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia acusaron a Alcoa de "empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario", al tiempo que señalaron a la empresa como "la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de la planta de San Cibrao".
Todos los grupos de la Cámara gallega intensificaron ayer sus reclamaciones para que haya una solución para la fabricación de aluminio primario en A Mariña después de que fracasasen las negociaciones para la venta de Alcoa.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa, José Antonio Zan, denunció que la multinacional estadounidense condicionó a "despidos firmados" una ampliación del plazo de negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la venta de la fábrica. Ayer por la mañana, durante una pausa de la mesa negociadora con la empresa en Nigrán -en un Pazo de Cea flanqueado por varios furgones de la Guardia Civil-, Zan criticó que Alcoa plantease que "los despidos tenían que estar aceptados para dar más plazo de negociación" sin haber informado de este requisito a los trabajadores.
Negociación con la SEPI
En este sentido, el presidente del comité de empresa tachó de "auténtica vergüenza" la actitud mostrada por Alcoa, a la que acusó de actuar con "mala fe". Así, incidió en que contaba con dos posibles compradores para la factoría, la SEPI y la británica Liberty House.
Ya por la tarde, Zan avanzó que demandará a la empresa que se amplíen las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la venta de la planta, pero insistió en que rechaza la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), al igual que un expediente de regulación de empleo (ERE), al considerar que supondría un "despido en diferido" para los trabajadores. Así, demandó que Alcoa dé un plazo de "15, 20 días o un mes" para lograr un acuerdo con la SEPI.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó que el Gobierno "tiene que intervenir" y "no puede permitir que se cierre una planta que produce un producto esencial y estratégico" .
