El comité de empresa de Xeal (antigua Ferroatlántica de Cee-Dumbría) se reunió ayer con el conselleiro de Economía, Francisco Conde, para trasladarle su preocupación por la deriva de la fábrica de ferroaleaciones, que el Grupo Villar Mir vendió hace un año al fondo estadounidense TPG Sixth Street -en alianza con la española Ithaka Partners- junto con la decena de concesiones de centrales hidroeléctricas del Xallas vinculadas a esta instalación industrial. La plantilla denuncia que la empresa está haciendo una "segregación encubierta" de los saltos de agua, que a su juicio explota sin que reviertan en la actividad industrial para la que los concedió la Xunta. Ante esta situación, el comité pide al Gobierno gallego que "abandone la pasividad" y "actúe" cuanto antes haciendo "valer la ley".

En la reunión participó también la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, a quien los trabajadores manifestaron sus quejas por la "lentitud" de la Xunta ante lo que consideran el "desmantelamiento" de las fábricas de Cee y Dumbría y la "drástica reducción de la producción". El comité de Xeal recalca que la vinculación entre el recurso energético (centrales hidroeléctricas) y la producción de ferroaleaciones es la "mejor garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad de las fábricas" en A Costa da Morte.

La plantilla reclama la puesta en marcha de un plan de viabilidad que incluya un plan de rearranque de los hornos. En este sentido, los participantes en la reunión acordaron trazar unas líneas de actuación en común para abordar estas demandas y mantener un contacto permanente entre la administración y el comité, según informó ayer la CIG.

Para la representación de los trabajadores, el nuevo ERTE que afronta la plantilla es "una prueba evidente de que la operación urdida entre Ferroatlántica y TPG-Ithaka es un fraude" y que su "único objetivo" ha sido el de hacer una segregación encubierta de las actividades. "Esto supone -explica el comité- un incumplimiento flagrante de la concesión ante el que la Xunta debería intervenir de inmediato". La propia Xunta negó en 2017 a Ferroatlántica dicha segregación para vender las centrales, un veto sobre el que todavía debe pronunciarse el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.