Los trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao, en Lugo, han confesado su frustración este martes porque de la reunión telemática celebrada esta tarde esperaban escuchar que el Gobierno intervendría la planta y no ha sido así, por lo que el único compromiso que han "arrancado", como han comunicado a la prensa, es la celebración de otro encuentro dentro de una semana, o antes si Alcoa mueve ficha con el ERE.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha indicado a la prensa que la plantilla sigue reclamando al Ejecutivo que se "aceleren" los trámites para la nacionalización y por tanto las consultas con los servicios jurídicos de España y Europa.

"Necesitamos más concreción de calendarios y fechas", ha esgrimido, y ha recordado que hay un compromiso de la administración para que las cubas no paren en la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que la palabra dada ha de cumplirse.

"Hasta que no tengamos concreciones por escrito, no tenemos nada", ha insistido Zan, que ha calificado de muy sacrificada la espera, conocedor de que todavía faltan "pasos duros", como saber qué determina la propietaria del complejo industrial sobre el despido colectivo permanente y, si las autoridades esperan para posicionarse hasta que eso ocurra, cómo transcurrirá la fase siguiente.

Alcoa ya vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en A Coruña y Avilés, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.