La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que lleva sin presidente desde hace casi tres años, elegirá el próximo 24 de noviembre en asamblea general a su máximo representante. La patronal gallega acordó ayer la fecha por unanimidad en una junta directiva telemática. "Fue todo sobre ruedas y ahora se inicia el camino", afirmó ayer Antonio Fontenla, portavoz de la junta de vicepresidentes (conformada por los líderes provinciales) que dirige la CEG y presidente de los empresarios coruñeses. Por delante quedan 48 días para encontrar un candidato de consenso y dejar atrás los cerca de mil días que lleva la organización gallega sin presidente. El último fue el constructor coruñés Antón Arias, que dejó el cargo en enero de 2018. Por aquel entonces dijo que esperaba que su decisión sirviese como "catarsis" para que los integrantes de la patronal pensasen "más en los intereses del conjunto que en los personales". Tras su marcha, la entidad entró en una etapa de división interna acrecentada por el papel crítico de la provincia de Pontevedra personalizado en la figura de su presidente, Jorge Cebreiros.

Tal y como rezan los estatutos de la organización, se podrán presentar candidaturas hasta el séptimo día anterior a la celebración de la asamblea general electoral. Cada confederación provincial o asociación sectorial podrá presentar una sola candidatura, cuyo representante deberá ser miembro de la asamblea general de la CEG.

"Próximamente celebraremos una asamblea para aprobar las cuentas y que todo quede resuelto", explicó Fontenla. La cita será el 29 de octubre, en la que se aprobarán los ejercicios de 2018 y 2019. A su juicio, la reunión telemática de ayer "fue de las pocas veces en que todo discurrió sin problemas". También señaló que la convocatoria electoral supone el punto de partida para que "en los próximos días" se vea quién de los "tres o cuatro" interesados da un paso al frente.

En la junta también se analizó la situación actual, incluida la creación de grupos de trabajo centrados en los cinco temas principales del diálogo social en Galicia. Además, la CEG mostró su "preocupación ante la posibilidad de que la próxima Ley de Presupuestos Generales acabe con la exención del IVA aplicable a los servicios educativos y de atención hospitalaria" de carácter privado. La patronal entiende se trata "de una medida negativa a todas luces" que "supondría un riesgo evidente de destrucción de empresas y empleo".