La multinacional norteamericana Alcoa anunció ayer que aplicará el despido colectivo de 524 empleados y la hibernación ordenada de las cubas de electrolisis de la planta lucense de San Cibrao. Esto significa el cierre de la última fábrica española de alumnio primario. La noticia desató una reacción en cadena contra la compañía en el seno de la sociedad gallega. Todos los partidos políticos y administraciones están de acuerdo en evitar la defunción de la factoría, pero falta dar el paso decisivo para ponerla a salvo a través de la intervención pública o de la venta.
En su comunicado matutino, Alcoa informó de que "tomó la decisión" el jueves 8 de octubre, "después de analizar todas las opciones posibles" y de llevar a cabo un periodo de consultas de cuatro meses con los representantes de los trabajadores y de negociaciones para una posible venta. "La desafortunada realidad es que la planta no es competitiva y no prevemos que cambien sus importantes problemas estructurales", señaló el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey. La compañía argumentó que la factoría "no es viable" debido "a factores productivos estructurales, como la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y la caída del precio del aluminio". A continuación precisó que "durante este año y hasta el 30 de septiembre", la planta de San Cibrao registró unas pérdidas cercanas a los 40 millones de euros, mientras que entre los años 2018 y 2019 sus pérdidas combinadas ascendieron a unos 107 millones. En cuanto a las condiciones de aplicación del ERE, Alcoa abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades a los empleados afectados y contratará planes de recolocación externa para los mismos.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondió con contundencia tras conocer el comunicado de la compañía y abogó por "seguir trabajando sin dar un paso atrás" con el fin de mantener la planta operativa. Feijóo animó al comité de empresa a impugnar el expediente de regulación de empleo (ERE) por considerarlo "fraudulento", al tiempo que instó al Gobierno central a "conseguir la venta" de la planta a través de la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI). "Alcoa acaba de tomar una decisión que es salir de España. Es una decisión que le corresponde a Alcoa, es su responsabilidad, pero lo que no puede pretender es que España se quede sin la única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado español", advirtió el presidente gallego. "España debe seguir teniendo una fábrica de aluminio primario porque la necesita", dijo, antes de referirse al "gran consumo" del país y a la existencia de "grandes industrias en Galicia y España" que trabajan con esta materia prima.
La multinacional indicó su intención de mantener 99 trabajadores "operando una parte de la fundición", además de la refinería de alúmina, pero Feijóo subrayó que la pretensión de Alcoa "es que se cierre para que no tenga ningún competidor que haga aluminio primario en España". En segundo término, Feijóo abogó por "pedir medidas cautelares para que la compañía no cierre en ningún caso y no desactive las cubas, porque reorientar y realimentar las cubas es costosísimo y haría imposible que la industria siguiera funcionando".
Y, en tercer lugar, citó al Gobierno de España, "que está trabajando en coordinación con la Xunta" y "tiene que garantizar la venta de esa fábrica".
