13 de octubre de 2020
13.10.2020
La Opinión de A Coruña

La empresa sin registro salarial podrá ser multada

La compañía tendrá que demostrar que no discrimina por género u Las sanciones varían entre los 6.251 y los 187.551 euros u Las medidas cuentan con el apoyo de los sindicatos

13.10.2020 | 00:43
Imagen de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy un decreto ley sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres y otro, sobre el desarrollo de planes de igualdad en los centros de trabajo cuya entrada en vigor esta prevista para seis meses después de su aprobación, en la primera mitad de abril, según el borrador al que ha tenido acceso El Periódico, diario que comparte grupo editorial con LA OPINIÓN. Ambas iniciativas llegan para acabar de desplegar las medidas iniciadas en materia de igualdad laboral por el PSOE en la pasada legislatura.

El decreto sobre igualdad retributiva invierte la carga de la prueba, a favor de la persona trabajadora. Así, "cuando se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo", corresponderá a la parte demandada (la empresa) "la aportación de una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada" en sentido contrario.

Además, se establece que "a menos que concurra causa justificada, la falta de registro retributivo o auditoría retributiva o la elaboración de un registro retributivo o auditoría retributiva sin seguir lo establecido en el presente real decreto podría ser constitutivo de indicio de discriminación retributiva".

Así figura en el último borrador de decreto sobre igualdad retributiva al que ha tenido acceso el diario y que será enviado al Consejo de Ministros por las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero. El segundo decreto que será aprobado hoy contiene el reglamento sobre planes de igualdad, que persigue garantizar la efectividad y aplicación de este recurso, desarrollando el articulado del Real Decreto Ley 6/2019. De este modo, los planes de igualdad serán obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores.

Ambos textos persiguen combatir, entre otros, la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en España. Según la última encuesta de estructura salarial del INE, del 2018, un hombre cobra de media el 21% más que una mujer. Dicha brecha no es directa, sino que viene marcada por los mayores índices de parcialidad, temporalidad y feminización de los puestos peor pagados. Entre trabajadores a tiempo completo la brecha es del 10,5%.

Los complementos variables son otro de los grandes focos de desigualdad salarial dentro de las empresas, según vienen denunciando los sindicatos, y la nueva norma busca atajar aquellos que estén injustificados. Es por ello que la representación legal de los trabajadores podrá requerrir a la empresa los sueldos de cada uno de los empleados, sea cual sea su rango, y los complementos que lo forman.

No obstante, la norma no permitirá acceder directamente a la cifra salarial, sino que la empresa solo deberá facilitar en qué proporción el salario de ese trabajador excede o está por debajo de la media. Siempre dentro de la empresa y en la misma categoría salarial.

Si la media o mediana de los salarios de las mujeres es el 25% inferior que la de los hombres la empresa deberá tener por escrito una justificación que lo argumente. Si no existe justificación o esta es deficiente, Inspección de Trabajo podrá imponer una sanción de entre 6.251 y 187.551 euros a la empresa. Las medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros son fruto del acuerdo al que llegaron en el mes de julio las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, con los sindicatos CCOO y UGT. La patronal se descolgó en la recta final de las negociaciones y este acuerdo finalmente saldrá sin su beneplácito.

El decreto que regula el reglamento sobre igualdad retributiva establece mecanismos objetivos de valoración de cada puesto y otorga transparencia en salarios y complementos percibidos. De esta forma, se establece que los trabajos de igual valor deben tener la misma retribución.

Para ello, según el texto al que ha tenido acceso el diario, se persigue tanto la discriminación directa (donde a desigualdad de trato es flagrante) como la indirecta, "por la incorrecta valoracion de los puestos de trabajo".

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto, se prevé aprobar, a través de una orden dictada a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, un procedimiento de valoración de puestos de trabajo

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