Nuevo retraso en las negociaciones internacionales para una nueva fiscalidad sobre las multinacionales con uso intensivo de la tecnología digital. La organización de países desarrollados OCDE había previsto un acuerdo para ello a finales del 2020, pero su secretario general, Ángel Gurría, desplazó ayer a "mediados del 2021" la posibilidad de poner en marcha un pacto para una nueva fiscalidad de las multinacionales que incluya, además, una tributación mínima de cada una de ellas.

Así lo anunció ayer Gurría, en un encuentro informativo previo a la reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales del G-20 de este miércoles. "El vaso está medio lleno: el paquete está casi listo pero falta un acuerdo político", abundó el responsable de fiscalidad de la OCDE, Pascal Saint-Amans.

Respecto a la posible incidencia de las próximas elecciones en EEUU, Gurría se limitó a subrayar el compromiso activo de este país en las negociaciones y su convencimiento de que así será gane quien gane en noviembre.

En el peor de los casos -según Gurría-, la ausencia de un acuerdo alimentaría "una guerra comercial mundial desencadenada por impuestos unilaterales a los servicios digitales en todo el mundo". La OCDE estima que todo ello restaría al PIB mundial más del 1% anual.

Lo que empezó como un debate sobre una 'tasa Google' para las grandes tecnológicas (como la adoptada en España), se ha transformado ahora en la OCDE en una negociación más amplia. "El objetivo es garantizar que las empresas multinacionales con uso intensivo de la tecnología digital o orientadas al consumidor paguen impuestos cuando realizan negocios sostenidos y significativos, incluso cuando donde no tienen presencia física", según la OCDE. Aquí caben las grandes tecnológicas, pero también cualquier gran multinacional que obtenga buena parte de su negocio a partir de la tecnología digital. Y la vía en negociación para lograr el objetivo propuesto es doble. De una parte, una nueva asignación por países de los beneficios obtenidos por cada multinacional (esto podría implicar una relocalización de unos 100.000 millones de dólares). De otra parte, el diseño de una tributación mínima de las multinacionales, que podría implicar unos 100.000 millones adicionales de recaudación en el mundo.