Los tres ex altos cargos del área económica de la Xunta que abrieron la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento de Galicia el 20 de junio de 2013 midieron muy bien sus palabras. Eugenio García Lalinde y José Álvarez Cobelas, responsables de Política Financeira entre 1997 y 2009 y Xosé Ramón Fernández Antonio, conselleiro de Economía durante el bipartito de PSdeG y BNG, condicionaron cada mensaje sobre la solvencia de las entidades a los datos de "los balances auditados". "Es posible que no tuvieran en cuenta el riesgo latente", admitió García Lalinde, director xeral en el último mandato de Manuel Fraga. Justo un año antes, salieron a la luz los contundentes informes de los inspectores del Banco de España que diagnosticaron ya en 2009 la "inviabilidad" en solitario de Caixa Galicia, con una morosidad del 9,3%, casi el doble de lo reconocido en esos informes oficiales (5,5%), y 805 millones en provisiones pendientes. La caja dirigida por José Luis Méndez llegó a la fusión con Caixanova tras tres trimestres de pérdidas operativas. Toda esa información se quedó a las puertas de O Hórreo, pero sí llegó a la Audiencia Nacional, que, en un revelador auto a raíz de su inhibición en el caso de la operación inmobiliaria de la vieja conservera de Massó entre la promotora Atlántico Construcciones y Caixanova, apunta a Caixa Galicia como culpable del rescate del FROB a la integración forzada para la entidad del sur, "que nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse". El revuelo ha forzado al Parlamento gallego a reabrir su investigación de lo sucedido ocho años después de la creación de la comisión.

Fue el 2 de agosto de 2012. El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la investigación, aunque el diseño del plan de trabajo se dilató hasta mayo del siguiente ejercicio. De él salieron 21 comparecencias presenciales y por escrito y 34 cajas de documentación, incluida la falsa auditoría o due diligence encargada por la Xunta para impulsar el matrimonio fallido de las dos cajas gallegas y que resultó ser un "diagnóstico acelerado" de la posible fusión que realmente proponía la absorción de Caixa Galicia por parte de Caixanova ante el agujero que arrastraba la entidad coruñesa.

Aunque el informe elaborado por KPMG centró buena parte de la información pública después de que este diario lo publicase en exclusiva el día antes a la primera sesión de la comisión, tanto o más contundentes son los informes del Banco de España sobre la situación real de Caixa Galicia y Caixanova (que cubrió sin necesidades los 200 millones de dotaciones requeridos por la inspección); y el "informe-propuesta" de la fusión de Marta Fernández Currás, la entonces conselleira de Facenda, junto con el acta de la reunión de secretarios generales previa al Consello de la Xunta de 18 de noviembre de 2010 que avaló la operación financiera que desembocó en un rescate valorado en más de 9.000 millones de euros. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó al Ejecutivo autonómico el pasado junio por vulnerar el derecho de información de Antón Sánchez, exdiputado del Grupo Común da Esquerda, al negarse a facilitar la documentación que ahora está obligada a desvelar.

Los tres partidos con representación en la Cámara gallega negocian una propuesta conjunta para la reactivación de la comisión. Formalmente se trata de una comisión nueva. La tercera porque en enero de 2017 ya se constituyó otra para sacar adelante el dictamen con las conclusiones pendientes desde 2013.

Pese a que el PPdeG achaca el retraso a que "entre otros motivos" faltaba por conocer la condena a la antigua cúpula de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias, lo cierto es que el fallo se remonta a 2015, dos años antes de que se intentase reactivar la investigación. El partido admite que el auto de la Audiencia Nacional tiene mucho que ver en la decisión ahora de reabrir la comisión y abre la puerta a que ese y otros documentos se revisen. El BNG apela a contar con toda la documentación y acabar, según su diputada, Olalla Rodil, con "el veto de la mayoría, que cerró bajo siete llaves" la comisión. Al igual que los nacionalistas, el PSdeG preguntará en el próximo Pleno al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por el auto de la Audiencia Nacional "que desmonta los argumentos de la fusión", asegura Pablo Aragangüena.