La nueva ley del teletrabajo entró ayer en vigor para regular las condiciones básicas del trabajo a distancia, que será siempre voluntario y reversible y habrá de plasmarse en un acuerdo escrito cuando el empleado vaya a cumplir más del 30% de la jornada desde casa, de modo que los gastos sean compensados. Las empresas gallegas se preparan para aplicar esta regulación, que habrá de trasladarse a partir de ahora en acuerdos por escrito. La patronal gallega muestra su "satisfacción" con la norma, mientras en los sindicatos hay división y dudas sobre si ayudará a la conciliación y a la flexibilidad o bien atomizará a las plantillas y favorecerá la deslocalización. Todos coinciden en que Galicia parte con una desventaja que es necesario corregir: los problemas de acceso a internet de alta velocidad.
"En cuanto salimos de las grandes ciudades y de la franja atlántica, hay problemas de acceso a internet. Incluso en el área metropolitana de A Coruña hay zonas donde no hay una red con garantías para teletrabajar", denuncia la secretaria de Emprego de CCOO-Galicia, Maica Bouza, quien señala que esto supone "una situación de desigualdad para el trabajador" y que es "importante que la Xunta invierta en dotar de infraestructuras y acabar la red de banda ancha en Galicia para que no se produzcan brechas digitales".
El secretario confederal de Negociación Colectiva de la CIG, Francisco González Sío, constata que en los últimos meses empleados de centros de telemarketing de A Coruña que están teletrabajando al cien por cien han sufrido problemas al querer trasladarse a localidades rurales "sobre de todo en aldeas de Ourense y Lugo" porque "hay zonas del territorio con mucho peor acceso a internet".
Una nueva sociedad mercantil gallega, Rede Aberta, se presentó ayer públicamente con la vocación de llevar la fibra óptica a las aldeas. "La industria del tipo que sea instalada en el medio rural también necesita banda ancha e internet de calidad", afirmó su presidente, Manel Pazo.
La pandemia ha "acelerado el proceso de digitalización" y la CIG alerta de los riesgos de la ley de teletrabajo, que a su juicio es lesiva para los trabajadores y provoca la "desmovilización sindical" y la "deslocalización de puestos de trabajo", en palabras de González Sío.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) coincide en que la nueva norma sobre teletrabajo "contribuirá a la transformación digital de las empresas en un más corto espacio de tiempo" pero lo considera positivo. Para la patronal se trata de "una regulación muy interesante y de vital importancia para muchas empresas en estos momentos". La CEG valora que este marco "favorece la conciliación", si bien matiza que "el tiempo y la capacidad de adaptación de las compañías al trabajo a distancia dependerá del sector del que se trate".
Los sindicatos también está de acuerdo en que la aplicación será desigual. "La ley no puede obligar de la misma manera a una empresa que hace chorizos que a una consultora, habrá que revisar cada caso", considera la responsable de Empleo de CCOO.
