El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha avanzado este jueves que trasladará la situación "crítica" de la empresa a la Fiscalía "lo antes posible" por las "irregularidades" que consideran que hubo en el acuerdo de venta y en la actual gestión.

Con el escrito que presentarán ante la Fiscalía, en el que incluirán el acuerdo de compraventa de Alcoa a Parter y "todo lo que pasó desde aquel momento", como la adquisición de las plantas de A Coruña y Avilés por parte del Grupo Riesgo, esperan "que se intervenga desde el ámbito judicial", ha destacado en declaraciones a la prensa.

Sobre estas declaraciones, la directiva de Alu Ibérica ha emitido un comunicado en el que defiende que el proceso de venta a Grupo Industrial Riesgo se ha hecho "cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición" en España e indican que el acuerdo fue "rectificado posteriormente ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos".

Las plantas de aluminio, apunta la empresa, "se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido", del que la planta de A Coruña ha recibido, asegura, "una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural".

El comité de empresa ha trasladado su intención este mediodía al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en una reunión en la que este se ha comprometido a trasladar sus demandas al Ministerio de Industria y les ha trasladado que el Ejecutivo está "vigilante" ante las denuncias por incumplimiento de las condiciones de venta de la factoría.

"La situación es muy crítica. Esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto de una forma contundente", ha remarcado López Corbacho, quien ha propuesto una intervención simultánea de la SEPI en las factorías de A Coruña, Avilés y San Cibrao.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha asegurado que tanto el Ministerio Fiscal como la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Abogacía del Estado "están analizando las denuncias y los informes de la empresa propietaria" para confirmar si existen incumplimientos del contrato de compraventa y, en consecuencia, "actuar en defensa" de la actividad industrial y los trabajadores.

En el encuentro, la representación social ha reclamado "información" sobre las actuaciones del Ejecutivo central en relación a su proceso, dado que, en la última reunión de la Mesa Técnica Industrial de Alu Ibérica, celebrada el 25 de junio de este año, el Ministerio de Industria había demandado a las empresas implicadas en las sucesivas ventas documentación que justificase el cumplimiento de los requisitos firmados el 31 de julio de 2019.

"Es visible el grado de incumplimiento de todo lo acordado, con lo cual la administración tiene que entrar", ha sostenido Juan Carlos López Corbacho, quien ha insistido en la necesidad de "una intervención" estatal.

Así, ha reprochado a la administración que, les "prometió empleo y un proyecto industrial" cuando supervisó la venta de Alcoa a Parter Capital y ha afeado que "dejaron a Alcoa maniobrar como quiso", pues fue la multinacional "quien buscó el comprador y ese comprador terminó vendiéndolo a otro más, incumpliendo todo lo que se había pactado".

En esta línea, ha indicado que el suyo y el de Alcoa San Cibrao "es el mismo proceso" y ha aseverado que "no le pueden permitir a una multinacional estar haciendo añicos todo un tejido industrial y un sector estratégico".