El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, insistió ayer en la necesidad de "mantener la presión sobre Alcoa para que se siente a negociar sobre el futuro de la planta de San Cibrao", y para ello considera "fundamental la unidad de acción alcanzada por Gobierno, Xunta y trabajadores".
En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Losada mostró su satisfacción por el hecho de que "la Xunta se haya incorporado a ese frente común", a su juicio "esencial" para "solucionar el actual problema generado exclusivamente por Alcoa". Por ello, trasladó su agradecimiento al presidente de la Xunta "por cerrar filas junto al Gobierno de España y los trabajadores".
"Ha costado mucho, pero le agradezco que haya rectificado de tal manera que ahora todas las administraciones, junto con los trabajadores, lucharemos unidos para que Alcoa permita mantener la actividad industrial", aseguró.
Con este mismo objetivo, considera fundamental también "mantener la presión sobre la empresa". En ese contexto ha enmarcado la decisión del Ministerio de Industria de reclamar a Alcoa la devolución de 50 millones de euros concedidos en ayudas del CO2, así como la propia decisión de la Xunta de declarar esencial y estratégico el sector electrointensivo.
El delegado recordó, además, que el Gobierno ha trabajado para conseguir un acuerdo poniendo sobre la mesa todas las posibilidades jurídicas y legales que nos permite el Estado de Derecho y las indicaciones de las Unión Europea.
El portavoz de la plataforma que agrupa a los trabajadores de las empresas auxiliares de Alcoa, Kike Rocha, valoró la presión ejercida en las últimas horas sobre la multinacional, pero opina que lo único que puede llevarla a dar ese paso es la amenaza real de una intervención pública de la planta. "La mayor presión que pueden hacer es decirles directamente que si no venden la planta, que la van a intervenir, que la van a nacionalizar para después venderla", dijo Rocha.
