Las centrales sindicales presentes en el comité de empresa de Alcoa -Comisiones Obreras, CIG y UGT- han informado de que el próximo 28 de octubre se celebrará en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG) la vista en la que se evaluará la petición de medidas cautelares solicitada por parte de la representación de los trabajadores para paralizar el ERE en la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Lugo).

En esa vista, indican en una nota las organizaciones sindicales, la Justicia evaluará los argumentos presentados por el comité para reclamar que se paralice cautelarmente el ERE que puede dejar en la calle a 524 personas, y cuya ejecución ya ha sido anunciada por Alcoa, pero también para "impedir que la multinacional inicie el fatal proceso de parada de las cubas de electrolisis".

Los sindicatos recuerdan que "permitir que Alcoa comience el apagado de las cubas" sería "un daño irreversible para la capacidad productiva de la fábrica de San Cibrao", dado que "lastraría cualquier posible salida para garantizar la continuidad de los empleos y de la producción".

En ese sentido, con independencia de la "decisión que adopte el alto tribunal gallego", es necesaria "una actuación firme, decidida e inmediata por parte de las administraciones públicas para intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones", una vez que ya confirmó su "intención de ejecutar el ERE y de desmantelar el complejo industrial", afirman los tres sindicatos en un comunicado.

Por ello, las centrales sindicales van a pedir una "reunión urgente de la Mesa Multilateral" para "poner en común con las administraciones las acciones" a desarrollar, pero también para conocer qué hicieron "el Ministerio de Industria y la Xunta desde la última reunión" para hacer efectiva "la intervención y declarar el carácter estratégico de la producción de aluminio primario".

Una reunión también para aclarar "cómo tienen previsto afrontar esa intervención si el TSXG asume las medidas cautelares o qué medidas barajan en caso contrario".

Las organizaciones sindicales recuerdan que lo que demandan en el escrito presentado al alto tribunal gallego es la intervención de la planta o la administración judicial de la fábrica de aluminio primario por parte de la SEPI hasta que haya una resolución por parte de los tribunales.

Subsidiariamente, solicitan que se le ordene a Alcoa mantener las cubas en funcionamiento y, consecuentemente, "no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista una sentencia firme".

Recuerdan que, a estas alturas, "no valen las medias tintas ni las declaraciones de intenciones", porque "las actuaciones tienen que ser firmes y realizarse ya".

Alcoa vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en A Coruña y Avilés, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones de euros en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.