Los trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao llevaron ayer a la capital lucense sus reivindicaciones, a través de una multitudinaria protesta en la que volvieron a urgir "soluciones" a la Xunta y al Gobierno central frente al expediente regulador de empleo (ERE) presentado por la multinacional.

En la protesta participaron, según los representantes de los trabajadores, más de 5.000 manifestantes. "Fue una movilización como pocas se habrán visto en Lugo", aseguró el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Los operarios de la fábrica de aluminio, ataviados con mono, casco, mascarilla y el ya tradicional chaleco amarillo -con la inscripción Peche non-, quisieron lanzar un claro mensaje "a las dos autoridades": "Son ellos, Xunta y Gobierno central, los que tienen la posibilidad de dar una solución y los que tienen que hacer algo".

Y es que, en palabras de Zan, los 534 empleados afectados por el ERE están "a punto de irse a su casa". Precisamente, el próximo miércoles, 28 de octubre, se celebrará la audiencia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para resolver sobre las medidas cautelares planteadas por sindicatos y comité para paralizar los despidos.

Sobre la actuación de las administraciones en este conflicto, el presidente del comité de empresa reconoció que "le gusta cómo suena la música", pero matizó: "Queremos ver la partitura por escrito".

La multitudinaria protesta de ayer partió desde el edificio multiusos de la Xunta en Lugo hasta la Subdelegación del Gobierno, donde Zan metió por debajo de la puerta, de forma simbólica, la solicitud de intervención de la planta.

En este mismo sentido versaron los cánticos de los miles de manifestantes, que portaron a la cabeza de la marcha las habituales pancartas y camisetas con las inscripciones Enerxía solución y As cubas non se paran.

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, quien también participó en la marcha por Lugo, instó a los gobiernos estatal y autonómico a dar "pasos concretos" para hacer efectiva la intervención pública de la fábrica. "Que la producción del aluminio primario continúe es una decisión política para la que hasta ahora, a pesar de los pronunciamientos a favor aprobados en el Congreso español y en el Parlamento gallego, no se pusieron en marcha aún los mecanismos jurídicos oportunos", afirmó.

Además, Carril lamentó que el Estado "aún no confirme" la fecha de la próxima reunión de la mesa multilateral solicitada por los sindicatos de cara a la vista en el TSXG del próximo miércoles y se preguntó "qué más tiene que pasar" para que el Ejecutivo central "actúe en el sentido que le reclama el conjunto de la comarca de A Mariña" desde la presentación del ERE.

A la protesta de ayer también acudió el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, entre otros cargos de la formación, para mostrar su "apoyo" a los trabajadores, porque tienen que "mantener con absoluta firmeza" esta lucha. "Nosotros siempre dijimos que los intereses de una multinacional norteamericana no pueden estar por encima del interés colectivo del pueblo gallego y de los vecinos de A Mariña, especialmente de los trabajadores", expresó.

El diputado nacionalista avanzó que el Bloque continuará exigiendo "cada vez con más firmeza" a Xunta y Gobierno estatal que "actúen con mayor decisión", aunque sea con una "intervención pública temporal" para luego vender la planta "a Liberty House o a cualquier empresa que garantice un proyecto industrial de futuro en la comarca". "No podemos fiar la solución de esto a una resolución judicial. Tiene que ser una solución política", subrayó Rego.

Asimismo, acudió a la protesta el secretario de Organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, quien advirtió que los socialistas estarán enfrente del "chantaje" de Alcoa por haberse querido "ir de rositas tras recibir cantidades millonarias por parte del Gobierno". Así, afirmó que el Estado "está haciendo todo lo posible" para mantener la actividad y los puestos de trabajo en San Cibrao. "Todo está encima de la mesa, todo es posible y el Gobierno está mirando y no descartando ninguna de las posibilidades", recalcó.

También se refirió a Alcoa el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que insistió en la necesidad de mantener el "frente común" entre administraciones y trabajadores para forzar a que la multinacional "ceda en sus pretensiones y permita la entrada de un inversor". "El Gobierno de España está dispuesto a incorporar de forma temporal a la SEPI para que entre el invesor (Liberty) y se mantega la producción en San Cibrao", dijo desde Santiago.