Los abogados de la multinacional Alcoa han recriminado esta mañana a la justicia la actuación "contraria a la imparcialidad" de la autoridad laboral y han afeado a la Xunta y al Ministerio de Industria que "no son sujetos imparciales" en este procedimiento seguido esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El conflicto laboral está relacionado con la pretensión de Alcoa de despedir a medio millar de empleados de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, tras plantear un expediente ERE en ese sentido.

"Decían que la única solución al conflicto era la venta", ha continuado un letrado, que ha reiterado en varias ocasiones durante su intervención que "no se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí, eso es un atentado contra los derechos a la propiedad privada y libertad de empresa".

Aunque no ha entrado a "prejuzgar el interés final" de Xunta y del Gobierno central en este tema, ha dicho que "cualquier tipo de presión o actuación conducente a que tenga que existir una venta es contradictorio y entra en conflicto" con dicho derechos.

El abogado de la multinacional del aluminio ha insinuado que "se quiere propiciar una especie de pinza entre unos y otros a Alcoa", que "no tenía intención ni de cerrar ni de desmantelar la planta" sino de adoptar medidas de despido colectivo "para salvarla".

Según el abogado, se ha "extendido peligrosamente" un "mantra" acerca de que "la venta a un tercero es la solución", cuando si Alcoa, que es productor de aluminio a nivel mundial, "no es capaz de hacer rentable" la planta "no sabemos por qué un tercero sí".

Durante su intervención, la primera en esta audiencia, ha expresado su protesta por la retransmisión en directo dado que abordará "información con carácter reservado" y ha avisado de que se reserva actuaciones tanto por la emisión como por la reclamación de daños y perjuicios.

Tras explicar que esta demanda de medidas cautelares se ha planteado como vista previa de un despido colectivo, ha calificado dichas medidas como "intrusivas y agresivas" que podrían acabar siendo "un salto sin red" para la empresa, que no obstante tiene el 0,3 % de la producción mundial y es un "grano de arena en el desierto de la producción mundial", ha matizado.

El abogado ha recalcado que este despido "no afecta a la empresa" sino que "permite la continuidad" de su función, que "ni es un cierre ni un desmantelamiento ni de la sociedad ni de la planta".

Por ello y pese a que esta vista "no es lugar para discutir las causas, que pasan fundamentalmente por el "coste energético que es un problema innegable, incontestable y evidente", considera "imposible operar la planta sin bajar el precio de la energía" ya que supone "más del 40 % de los costes" de la planta.

Incluso ha indicado que los sindicatos y la Xunta se pronunciaron en "términos tan palmarios de que es imposible operar la planta sin bajar el precio de la energía".

De ahí que justificara la hibernación de las cubas -a la que se oponen los trabajadores por considerar que eso condenaría la fábrica al cierre- porque "no es un empecinamiento" de Alcoa sino que son "el foco fundamental de las pérdidas que sufre la planta, de más de un millón de euros por semana", ha añadido el letrado.

Es una "situación tan sangrante" que "cuantas más toneladas se producen más se pierde", ha apostillado. Según sus cálculos, las pérdidas ascendieron a 50 millones en 2018, 61 en 2019 y al cierre de 2020 estima que alcanzarán las 58. "Con estas pérdidas la causa no es estructural", ha abundado.

Sobre la oferta de compra de la fábrica por parte de la firma británica Liberty House, ha argumentado que "no se pudo cumplir" y ha "retado a cualquiera de las partes" a demostrar que el "supuesto inversor remitió a Alcoa algún tipo de plan industrial o de inversiones, porque esto nunca sucedió".

Respecto a los representantes de los trabajadores, les ha afeado el "mantra" de "tratar de dinamitar el despido colectivo" como "recurso para tratar de buscar un subterfugio para plantear mala fe" y les ha reprochado que "nunca" quisieran hablar "de nada".

A la autoridad laboral le ha dicho que ha respondido "debidamente" a sus "advertencias" pero que "se ha excedido en sus atribuciones, que son garantizar un periodo de consultas y no posicionarse a favor o en contra de los intervinientes; en nuestra opinión esto ha sido un exceso".

A su juicio, "no se puede poner en el disparadero a Alcoa" cuando "está vendiendo por un euro y poniendo un porrón de millones".

El letrado ha detallado las "propuestas de la SEPI" y de la propia multinacional para vender la planta, y de esta última ha expuesto que consistía en que Alcoa "puso encima de la mesa 130 millones y Liberty no quiso", por lo que "cuanto se habla de condiciones inasumibles", el abogado "no da crédito".

Acerca de que Alcoa rompió la negociación del ERE, ha justificado que la dirección de la empresa estaba dispuesta a asumir un coste de 130 millones "pero no a todo", pues Liberty "pedía 170 millones", y que "buscaron soluciones de todo tipo".

Finalmente, ha ejemplificado que el coste del despido colectivo era de 32 millones de euros, detalla, "más de cinco veces más" de lo que cuesta.

Por ello, el letrado ha concluido que no se trata pues de "un activo muy productivo", ya que "si no Alcoa en vez de poner dinero" estaría cobrándolo.