El Consejo de Ministros de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó ayer un proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021 con un nivel de gasto sin precedentes para una situación también sin precedentes, como es la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.

Un Presupuesto para "reconstruir lo arrebatado por la crisis económica y social", "modernizar" el tejido productivo y "garantizar un crecimiento económico" sobre bases más sólidas, con una apuesta "decidida" por la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad según resumió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto conjunto con el vicepresidente Pablo Iglesias para escenificar el acuerdo político rojimorado que está detrás de estas cuentas.

"Estos son los presupuestos que necesita este país para un momento excepcional", dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de presentar las grandes cifras de un presupuesto que conlleva el mayor gasto social de la historia, con un total de 239.765 millones de euros. Esta cifra representa el 10,3% más que lo presupuestado para el 2020 y más de la mitad (el 52,6%) del gasto total consolidado presupuestado para el estado y sus organismos autónomos, que alcanza la inédita cantidad de 456.073 millones de euros, con un incremento del 20% sobre el ejercicio actual.

Abultadas partidas

El Presupuesto incorpora abultadas partidas para atender el mayor gasto en desempleo (25.012 millones) o el ingreso mínimo vital (3.017 millones). Pero también aumenta la inversión en infraestructuras, en un 114,8%, mientras que la de Sanidad sube el 151,4%, por hacer referencias a las tres caras de esta crisis social, económica y sanitaria.

Son megacifras por tres razones. Primera, porque incorporan entre sus ingresos una inyección de 27.436 millones de euros procedentes de los fondos europeos de reconstrucción asignados a España. Segunda, porque se acompañan de una batería de subidas de impuestos con las que el Estado pretende añadir más de 8.000 millones a la recaudación de 2021 y 2022.

La tercera razón que permite tal megagasto reside en el déficit previsto para el año próximo (el 5,2% del PIB para el Estado y el 7,7% para el conjunto de las administraciones publicas), a pesar de que supondrá una reducción respecto del esperado en el 2020 (del 11,3% del PIB para el conjunto de las administraciones).

El proyecto sube el 0,9% las pensiones contributivas de la Seguridad Social y el 1,8% las no contributivas. E incluye un aumento del 0,9%, según la inflación prevista, para los sueldos públicos de todas las administraciones públicas.

La gran incógnita ahora es si, tras el dificultoso acuerdo entre los dos socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) -que ha tardado semanas en cuajar-, será posible contar con la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante el proyecto de Presupuestos. El fantasma del rechazo inesperado del Congreso que tumbó el primer proyecto rojimorado, en febrero del 2019, sigue en el aire. Pero la ministra Montero se mostró ayer confiada, cuando afirmó que "a priori" el proyecto de Presupuestos cuenta con un "apoyo amplio" para ser tramitados y que puedan recibir el visto bueno por parte del Congreso.

El acuerdo alcanzado in extremis entre PSOE y Unidas Podemos para acelerar la ley que permitirá poner topes a los precios del alquiler y evitar el recurso en el Constitucional contra la norma catalana que ya los ha adoptado hace confiar en el respaldo de ERC y de Junts en el Congreso. Revitalizar la mayoría de la investidura parece estar al alcance de la mano, pero el Gobierno sigue sin descartar la idea de atraer también a Ciudadanos.

La principal rémora para atraerse el apoyo de Cs podrá residir en la amplia subida de impuestos incorporada en el proyecto de Presupuestos, que incluye aumentos en el IRPF para las rentas de capital y del trabajo más elevadas. Sin embargo, el PSOE podría usar como gancho que el Gobierno ha evitado subir ahora el impuesto de Sociedades, dejándolo para el momento en que se consolide la recuperación económica.