Los sindicatos CCOO, UGT y CIG han solicitado este miércoles ante el Tribunal Superior de Xustiza que sea declarado nulo el despido de más de 500 trabajadores de Alcoa, durante la audiencia sobre la suspensión cautelar del ERE presentado por la multinacional del aluminio.

La sala de lo social del alto tribunal gallego ha acogido esta audiencia en jornada de mañana y de tarde sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas a un ERTE de suspensión temporal de contratos a trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo.

En el procedimiento figuran como demandantes los tres sindicatos citados y, como demandados, Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L.; mientras, la Consellería de Economía y el Ministerio de Industria intervienen como partes interesadas.

En sus conclusiones, CCOO ha pedido una intervención judicial de Alcoa asumida por la SEPI como medida transitoria hasta que otra empresa pudiera gestionarla y continuar con la producción, y con carácter subsidiario ordenar a la multinacional que no ejecute el despido colectivo y la progresiva parada de las cubas de la fábrica.

"Hay mimbres para que el despido sea declarado nulo", ha indicado la sindicalista, que afea a Alcoa que dibuje una "teoría de la conspiración" para "hacerle la vida imposible" cuando existe "una obsesión de Alcoa de parar la fábrica porque puede venir otro a continuar con el negocio".

CCOO ha augurado que "la parada -de las cubas- es irreversible en términos económicos" y además de reprochar "deslealtad" a Alcoa, ha añadido que "cargar al Estado con mil personas en el desempleo porque no quiere vender es desproporcionado".

También CIG sostiene que la decisión extintiva de los puestos de trabajo que pretende Alcoa "puede ser nula por vicios invalidantes en el periodo de consultas o ausencia o insuficiencia de causas legales".

"Es grave que la empresa pretenda situarse como poder económico absoluto, libre de cualquier restricción estatal, y que lo único que impera son los derechos de libertad de empresa y propiedad privada", ha dicho en referencia a las reivindicaciones expuestas por Alcoa en su primera intervención.

Para CIG, el interés general ha sido "gravemente cuestionado" en este procedimiento cuando, asevera, "la decisión de despedir estaba tomada de antemano y desde el principio", por lo que considera que las medidas cautelares que piden son "el único remedio" para evitar que Alcoa consuma un "plan malicioso" para destruir un millar de empleos -habría que sumar unos 400 de la empresa auxiliar- y eliminar a un competidor mercantil.

UGT ve clara la relevancia de esta factoría para la multinacional, estadounidense que supone el 0,3 % de la producción mundial, por lo que "ni Cervo, ni San Cibrao, ni Lugo, ni Galicia son nada" para Alcoa.

Tras confiar en que los tribunales "pongan coto a esta desmesurada liberalización que traen los vientos de América", el sindicalista ha constatado que las diez advertencias de la autoridad laboral referidas a lo largo de esta audiencia indican que "el despido es nulo" porque "durante el periodo de negociación no se ha negociado" y hay "mala fe" en ese proceso.

"Esto es España -ha concluido- y por tanto, aún reconociendo la función social de la propiedad, está sujeta a una serie de limitaciones y Alcoa no puede coger e irse y dejar la comarca sin puestos de trabajo", que ha cifrado en alrededor de cinco mil familias