La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebra este miércoles, a las 9,30 horas, una vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores de Alcoa en la fábrica de Cervo (Lugo).
Las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la factoría de A Mariña, pretenden impedir con estas medidas cautelares que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.
En el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como "partes interesadas".
Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria de la covid-19, la audiencia se podrá seguir en directo a través de 'streaming'.
"DAÑO IRREVERSIBLE"
"Permitir que Alcoa comience con el apagado de las cubas supondría un daño irreversible en las capacidades productivas de la fábrica de San Cibrao y lastraría cualquier posible salida para garantizar lacontinuidad de los empleos y de la producción", advierten las organizaciones.
Por eso, "más allá de la decisión que adopte el alto tribunal gallego", ven "preciso una actuación firme, decidida e inmediata" por parte de las administraciones públicas, para "intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya confirmó su intención de ejecutar el ERE y desmantelar el complejo industrial".
VENTA FALLIDA
El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.
En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar "con mala fe" y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.
Desde que el TSXG fijó la fecha de la vista que se celebrará este miércoles se han sucedido varias movilizaciones de los trabajadores y la ministra de Industria, Reyes Maroto, por su parte, ha señalado públicamente que el Ejecutivo central está a la espera de lo que determine la justicia, sin descartar una intervención de la planta.
