El ingeniero de Minas Joaquín Fernández, jefe de tecnología de operación de electrólisis en Alcoa, estimó ayer en un máximo de 40 millones de euros lo que costaría el rearranque de la planta de San Cibrao si se produce una hibernación o parada, como pretende la multinacional norteamericana. Fernández compareció ayer en A Coruña en la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas al despido o ERE de 524 trabajadores de la aluminera lucense.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que fue llamado también a declarar en el turno de testigos y peritos, consideró que "no tiene sentido" parar las cubas porque se originaría una "catástrofe industrial" y "sería imposible arrancarlas de forma normal" por los costes que supondría. Zan acusó a Alcoa de "poner excusas", de "mentir" sobre la venta y de actuar "de mala fe" con los trabajadores a los que ocultaban conversaciones sobre la negociación de venta de la planta, y le recriminó a la multinacional "que introduzca en España aluminio que compra fuera" del país.

La representación legal de la multinacional Alcoa apeló a la existencia de "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, junto al comité de empresa, para paralizar el ERE e impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrolisis. En su intervención ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada (Aluminio Español y Alcoa Inespal Coruña) cifró en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que estimó en 58 millones. "En las que no está incluido el impacto de la huelga", dijo.

El Ministerio de Industria propuso ayer a Alcoa que no proceda a los despidos anunciados y espere dos meses hasta que se dicte sentencia sobre las medidas cautelares previas al ERE porque los costes que le podría suponer "no serían un gran quebranto económico sino todo lo contrario".