El puzzle que conforman el nuevo marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-2027, de casi 1,1 billones de euros, y el fondo de recuperación, de 750.000 millones, empieza a completarse. Tras el acuerdo político cerrado la semana pasada en torno al nuevo mecanismo para bloquear los fondos a los países que socaven el estado de derecho, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo consiguieron salvar ayer otro de los principales escollos al llegar a un acuerdo sobre el nuevo presupuesto que acerca la activación del plan de reconstrucción.

"Las negociaciones con el Parlamento han necesitado tiempo, pero finalmente lo hemos logrado. Se trata de un acuerdo bien equilibrado, que aborda las cuestiones planteadas por el Parlamento respetando las orientaciones recibidas del Consejo Europeo en julio", celebró el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss, sobre un pacto que todavía tiene que ser ratificado por ambas instituciones.

Encontrar el equilibrio aceptable para ambas partes no ha sido tarea fácil y ha requerido de una docena de rondas negociadoras plagadas de mucha tensión. La negativa de la presidencia rotatoria alemana de la UE, que negocia en nombre de los Veintisiete gobiernos de la UE, a destinar más dinero a los programas de gasto que la Eurocámara ve imprescindibles, había puesto las negociaciones muy cuesta arriba e incluso al borde de la ruptura. Finalmente, los eurodiputados han logrado arrancar compromisos importantes. Habrá 16.000 millones adicionales para los programas más emblemáticos de la UE en materia digital, transición verde, educación o sanidad.

El grueso de los nuevos fondos, 12.500 millones, será "dinero fresco" que procederá de las multas impuestas por la Comisión Europea a empresas por sus prácticas anticompetitivas. Un montante que habitualmente regresa a las arcas nacionales y que a partir de ahora seguirá en el presupuesto para reorientarse a los programas europeos. Otros 2.500 millones procederán de la reorientación de fondos con lo que no se tocará el techo de gasto.

El acuerdo también garantiza una mayor flexibilidad ante necesidades imprevistas, mayor participación de la Eurocámara en la supervisión del fondo de recuperación, mayor ambición en materia de biodiversidad, clima y género así como el compromiso a crear una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios con los que pagar la deuda que emitirá la Comisión Europea para financiar la reconstrucción y evitar que sean los contribuyentes quienes asuman el coste.