El sector de las antiguas cajas de ahorro pagó 2.610 millones de euros en tributos y contribuciones a la Seguridad Social el año pasado, un 4% más que en el 2018. Ello implica que el 43% de su resultado antes de impuestos del 2019 fue a parar a las arcas públicas.
El porcentaje representa un incremento de cinco puntos respecto al ejercicio anterior, lo que responde tanto a una caída del beneficio como a un aumento de la imposición total provocado principalmente por la decisión del Gobierno de que el sector financiero y no el cliente asumiese el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.
Fondo de garantía
Si a su contribución social y fiscal total se le suman los 877 millones que las diez entidades aportaron al fondo español de garantía de depósitos (632 millones), al fondo europeo de reestructuración de entidades con problemas (228 millones) y al mecanismo europeo de supervisión (16 millones), el tipo impositivo total ascendería al 50% del resultado antes de impuestos.
"Ser una entidad de crédito hoy es caro. Levantar la persiana cada mañana supone que te vas a dejar al menos la mitad de tu resultado", lamentó ayer Juan de Villota, director de la asesoría fiscal de la patronal sectorial CECA, presidida por Isidre Fainé.
La organización, en la que están integradas CaixaBank y Bankia, lleva cuatro años realizando un estudio sobre la contribución de sus socios a las arcas públicas para demostrar que el "impuesto de sociedades no lo es todo".
Este tributo, que graba el beneficio de las empresas, les obligó a pagar 283 millones el año pasado, un 42% y 209 millones menos que en el 2018, por la caída de sus resultados y al incremento de las devoluciones de cantidades abonadas de más en los ejercicios anteriores.
El tipo efectivo de este tributo para el sector fue del 23% sobre la base imponible (el nominal es del 30%, cinco puntos más que al resto de empresas, pero se le descuentan deducciones fiscales y derechos al menor pago por pérdidas pasadas) y de solo el 7% del resultado contable (ya que este recoge el beneficio de participadas y filiales en el extranjero que ya pagaron el impuesto de sociedades en su origen y por lo tanto no lo vuelven a abonar).
El informe incluye también los impuestos recaudados (aquellos que son retenidos o repercutidos por las entidades a terceros en favor de las arcas públicas), que se situaron en 2.393 millones de euros el año pasado, un 4% menos que en el 2018.
