El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado este lunes en el Palacio de la Moncloa a los principales representantes de las patronales y los sindicatos para constituir la mesa de diálogo social sobre Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sánchez ha buscado así una nueva foto de unidad con los agentes sociales de cara a la comunidad internacional y tejer complicidades para definir una hoja de ruta conjunta que enviar a Bruselas. El encuentro ha sido más formal que de trabajo, según han reconocido patronal y sindicatos tras el mismo, y las partes se han emplazado a reunirse periódicamente para diseñar los criterios de distribución de los fondos europeos.

La reunión de este lunes entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos no ha servido para acabar de despejar una de las incógnitas que sobrevuelan sobre la distribución de los fondos europeos: si la recepción de los mismos estará condicionada a poder efectuar o no determinadas reformas. Los sindicatos ven peligrar la derogación de la reforma laboral del 2012 y la reforma de las pensiones del 2013, aunque, a su entender, la distribución de los fondos no está explícitamente marcada por estos temas. La vicepresidenta Nadia Calviño no ha enterrado del todo dicha posibilidad y, tras el cónclave con los agentes sociales, ha manifestado que "no cabe plantear esta cuestión en términos de condicionalidad", sino que los fondos son para "mirar hacia el futuro".

Al encuentro de este lunes ha asistido gran parte del equipo ministerial de Sánchez, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, o su homólogo de Seguridad Social, José Luís Escrivá; entre otros. La cita finalmente ha servido más para "sobrevolar" los temas, tal como ha reconocido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que para concretarlos.

La voluntad era comenzar a perfilar los criterios bajo los cuales se tendrían que asignar los fondos europeos, aunque los sindicatos han presionado más bien para definir qué criterios no deberían entrar a colación. Pues los líderes de CCOO y UGT han insistido en que la distribución desde la UE de esos fondos "no está en este momento condicionado", según Unai Sordo, por reformas estructurales que tuviera en agenda el Gobierno, como la derogación de la reforma laboral del 2012 o la de las pensiones del 2013. Es decir, las centrales entienden que la UE no va a reclamar a España que deje de derogar ninguna herencia del PP para darle luz verde a dichos fondos, según ha insistido Pepe Álvarez, de UGT.

La nueva mesa de diálogo social que han inaugurado este lunes Sánchez y los agentes sociales canalizará todas aquellos debates sobre las medidas adoptadas para reactivar y reconstruir la economía tras el impacto de la pandemia. La patronal y los sindicatos han coincidido en manifestar que los planes de formación profesional y las inversiones para reindustrializar el tejido productivo español deben ser puntos prioritarios de cara al despliegue de los fondos europeos.

La CEOE, en paralelo, pergeña sus propias gestiones, como una propuesta de 15 macroproyectos de empresas españolas para postular a financiación europea; así como una propuesta de reforma legislativa para agilizar el trámite de la distribución de los fondos. A ese respecto las centrales han lanzado una alerta y han insistido en que el reparto de los recursos europeos debe ir a "proyectos de país" y no acabar siendo un "¿qué hay de lo mío?", según ha señalado Sordo, de CCOO.

Las escalinatas de Moncloa han vuelto a escenificar esa imagen de entente con los agentes sociales que lleva cultivando el Gobierno desde que comenzó la legislatura, y especialmente desde la llegada del virus. Ya se produjo en el mismo escenario el pasado 3 de julio, tras la segunda prórroga de los ertes, con la firma de "Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo". En aquella ocasión las partes estamparon su firma en un documento en el que se recogían gran parte de las medidas acordadas en el ámbito tripartito hasta ahora (como los ertes), algunas que se pactaron posteriormente (como la nueva ley del teletrabajo) y otras que están negociándose en la actualidad (como la modernización de las políticas activas de empleo).

Hasta ahora el entente entre el Gobierno y los agentes sociales ha sido la tónica dominante, con acuerdos prepandemia como la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, o acuerdos ya en pandemia como cuatro prorrogas de los ertes o una nueva ley del teletrabajo. El único momento en el que el consenso unánime en el diálogo social no fue posible fue con la aprobación de los reglamentos para desplegar las nuevas leyes de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ahí la CEOE se levantó de la mesa en el último momento. En el diálogo social, no obstante, faltan por abordar negociaciones espinosas donde el acuerdo tripartito será complicado, como la contrarreforma laboral que pretende el Ejecutivo para suprimir varios aspectos de la herencia del PP.

CEOE pide agilizar la distribución de fondos europeos

La CEOE precalentó la reunión de este lunes con su propuesta, hecha pública el domingo, para modificar parte de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de agilizar la distribución de fondos europeos Next Generation EU que recibirá España para el Plan de Recuperación económica.

Esta es la medida que la patronal de empresarios ha propuesto finalmente en el grupo de trabajo que la CEOE constituyó, en el seno de la Comisión Legal, a principios de octubre, para acelerar los procedimientos para canalizar estos recursos hasta el sector privado y flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada.

Según la CEOE, España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un "importantísimo reto de gestión". El propio Plan 'España puede' ya advierte de posibles 'cuellos de botella' operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.

Por tanto, para maximizar el impacto de estos fondos es "fundamental", según la patronal, eliminar dichos 'cuellos de botella' y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones, para lo cual propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones.