Alcoa mantuvo ayer el pulso al Gobierno sobre la última fábrica de aluminio primario de España, que la multinacional americana insiste en cerrar en San Cibrao (Lugo). Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictara medidas cautelares que prohíben a la empresa parar las cubas donde produce el metal (electrólisis), sus directivos decidieron esta vez acudir a la Mesa Multilateral convocada por el Ministerio de Industria. La asistencia se entendió como un gesto inicial de buena voluntad, ya que la firma había dado plantón en las citas anteriores, pero las posiciones siguen enrocadas. En la tarde de ayer, el Gobierno planteó a la aluminera "una propuesta" para que "se siente a negociar, punto por punto" la venta de la fábrica y "llegar a un acuerdo con la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]", informó el comité de empresa, que tacha de "sinsentido" que Alcoa insista en ejecutar el despido colectivo de los 524 empleados de la fábrica. El 3 de diciembre, el TSXG juzgará la legalidad del ERE.

Ante la cerrazón de Alcoa, el secretario general de Industria, Raül Blanco, avanzó que su ministerio ha enviado a la empresa un trámite de alegaciones previo a la posible denegación de ayudas correspondiente al ejercicio 2020. "A raíz del juicio sobre medidas cautelares, hemos constatado que Alcoa tiene intención de cerrar total o parcialmente la planta, lo que podría ser incompatible con la recepción de ayudas", argumentó.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quiso dejar claro ayer que la Xunta "no contempla ninguna posibilidad" para el complejo industrial de San Cibrao que "no sea mantener abierta Alcoa produciendo aluminio primario". Según Feijóo, la Xunta trabaja para una "transición pacífica, de común acuerdo y digna para Alcoa y para el futuro comprador", porque "España necesita aluminio primario y el único lugar en el que se hace es A Mariña lucense".

El presidente espera que "en la primera semana de diciembre" se conozca la sentencia en relación con el expediente de regulación de empleo que pretende aplicar la multinacional americana para despedir a toda la plantilla de la factoría de aluminio, que comparte espacio en el complejo industria con una refinería de alúmina que Alcoa sí tiene intención de mantener.

"Esa sentencia va a ser clave", opina Feijóo, que espera que "Alcoa actúe con coherencia, de acuerdo con el TSXG, y de buena fe, para transferir la propiedad" de la fábrica "a una compañía que esté dispuesta a operarla". Alcoa rechazó en septiembre la oferta de compra Liberty House alegando que sus no era "razonable".

"Creo que Alcoa tiene una oportunidad para salir sin causar más problemas de los que ya tenemos y entregar la compañía a alguien que esté dispuesto a operarla", insistió Feijóo, porque "si no le interesa un negocio, lo lógico es que le pase el relevo a otros que sí les interese ese negocio, para mantener los puestos de trabajo".

151 millones en pérdidas

Tras la reunión, Alcoa se limitó a afirmar que "siempre ha primado el diálogo y la transparencia" y que por esos asistió a la cita telemática "aunque no hay ninguna novedad" que pueda alterar su decisión de cierre. La empresa alega que la planta de aluminio primario le ha generado pérdidas por valor de 151 millones de euros desde 2018.