Empresas industriales de variopintos sectores (agroalimentario, químico, cerámico...) afrontan de inmediato, en medio de la crisis económica asociada al COVID-19, el riesgo de que sus plantas energéticas de cogeneración tengan que funcionar en pérdidas o directamente dejar de producir. La patronal Acogen denunció ayer que el próximo martes expira la prórroga de la vida útil que el Gobierno aprobó para las instalaciones más antiguas, bajo compromiso además de impulsar una nueva regulación que favoreciese la renovación de las plantas. Ese nuevo “marco retributivo” no existe y las compañías propietarias de 46 centrales que generan electricidad y calor en España se exponen a “un grave quebrando económico”. Las plantas concernidas está repartidas por distintas regiones y, si bien Acogen no precisó su localización, es verosímil de que en la situación descrita se encuentre alguna de las centrales calorintensivas que existen en Galicia, muchas asociadas a procesos productivos a los que suministran energía eléctrica y calor. La comunidad gallega cuenta con 59 instalaciones de cogeneración activas, que alcanzan un valor anual de 300 millones. Pescanova, Coren, la planta de Leche Pascual de Lugo, la refinería de Repsol en A Coruña, la maderera Finsa en Santiago, Sogama, Inditex... son algunas de las instalaciones que cuentan con plantas de cogeneración. “Tras dos años, los cogeneradores siguen esperando medidas coyunturales urgentes para estas empresas que se quedan sin marco retributivo. Ahora son 46 cogeneradoras (442 megavatios de potencia agregada), pero serán 200 en tres años, un tercio del total, en un sector que lleva siete años esperando un plan renove contemplado ya en la Ley del sector eléctrico de 2013”, afirmó la patronal Acogen. La entidad remarcó que las citadas compañías están “desamparadas ante la inacción del Gobierno para haber desarrollado un régimen regulador en los dos últimos años para empresas que viven las secuelas de meses de COVID”.
