Celsa, la mayor compañía siderúrgica española, ha formalizado una petición de rescate ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un importe de unos 350 millones de euros. La compañía de la familia Rubiralta es dueña de Celsa Atlantic, división que fabrica y lamina productos de acero en A Laracha con una plantilla de 130 trabajadores. El grupo Celsa, que ya había pedido 200 millones en septiembre, se suma a los rescates solicitados por Air Europa (por valor de 475 millones) y Duro Felguera (de otros 100 millones) para resolver sus dificultades financieras, según informó ayer la agencia Efe citando a Vozpópuli.

Fuentes conocedoras de la operación confirmaron a Efe que Celsa formalizó a mediados de noviembre esta petición de ayuda, que el Gobierno español canaliza a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la SEPI. Estas fuentes comentaron que aunque inicialmente la solicitud de rescate de Celsa es por 350 millones de euros, es probable que el importe final acabe siendo superior.

Además, al tratarse de una empresa de gran tamaño y de una operación compleja, el proceso de aprobación de la operación podría demorarse entre un mes y medio y dos meses.

Por su parte, de la empresa declinaron comentar la información. Celsa, con sede en Barcelona, es el primer grupo siderúrgico español y segundo fabricante europeo de productos largos de acero. El pasado septiembre trascendió que había solicitado 200 millones al fondo de rescate para salir del bache.

Negociación con acreedores

La compañía mantiene desde hace meses una ardua negociación con sus acreedores por el cumplimiento de los compromisos de pago. De momento, ha conseguido que un juzgado de Madrid haya dictado una resolución eximiéndole de cumplir momentáneamente con los pagos financieros debido a la causa de fuerza mayor que supone la pandemia de COVID-19. Esta decisión judicial afecta a las obligaciones financieras vinculadas al préstamo convertible de 1.500 millones de euros que la multinacional formalizó en el año 2017.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

Las empresas que acuden a este fondo de la SEPI deben presentar un plan de viabilidad con objetivos medibles de previsiones de negocio y la situación patrimonial y financiera de la compañía, y la aportación realizada debe notificarse a la Comisión Europea.