El visto bueno de la patronal no es condición indispensable para derogar en todo o en parte la reforma laboral del PP. Con estas declaraciones, el Gobierno intentó ayer rebajar el malestar de los sindicatos, provocado por unas polémicas declaraciones de Pedro Sánchez en El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. “Habrá reforma laboral si hay acuerdo social”, dijo el presidente este domingo en una entrevista. Tanto CCOO como UGT salieron rápidamente al paso, al considerar que el Ejecutivo estaba otorgando a los empresarios capacidad de veto sobre la nueva normativa.

Pero la portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, rechazó esta tesis tras el Consejo de Ministros de ayer. Las palabras de Sánchez, dijo la también titular de Hacienda, no suponen “otorgar capacidad de veto a nadie”. Son, continuó, una llamada a “volver al marco del diálogo social” para que “sindicatos y patronal encuentren un equilibrio justo”.

“Siempre y cuando los actores sociales quieran esta reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a a acompañarla”, insistió Sánchez en su entrevista. Las palabras del líder socialista, que llevó en su programa electoral la derogación de la normativa del PP, aprobada durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, sentaron muy mal en los sindicatos. “La derogación no es una opción, es una obligación”, dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Una cosa es apostar por el diálogo social y otra conceder poder de veto a una de las partes”, señaló su homólogo en CCOO, Unai Sordo.

Aunque Montero se esforzó ayer en aplacar el enfado de las centrales, no reafirmó el compromiso en la derogación de la reforma laboral, un asunto espinoso dentro de la coalición.

El PSOE defiende la anulación solo de los aspectos “más lesivos” de la ley. En cambio, Unidas Podemos, formación a la que pertenece la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por la derogación total.

El conflicto quedó plasmado el pasado mes de mayo, durante el momento de mayor debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que sufría para aprobar las prórrogas del primer estado de alarma. Para lograr el apoyo de EH Bildu, socialistas y morados se comprometieron con los abertzales a derogar de forma “íntegra” la reforma. Horas después, el PSOE se desmarcó de aquel compromiso, mientras Pablo Iglesias subrayaba que lo pactado era de obligado cumplimiento.

En cualquier caso, la anulación de la normativa del PP, que los socialistas insisten en que será parcial, ceñida a sus apartados más perjudiciales para los trabajadores, no se espera antes de que acabe el año. La portavoz subrayó que se llevará a cabo de forma “progresiva” y “acompasada al momento económico”, que está relacionado con la crisis sanitaria.

Las negociaciones para la derogación se vieron interrumpidas por la llegada de la pandemia y antes de marzo solo se aprobó dejar sin efecto el despido procedente por bajas laborales. Según dijo ayer Montero, “lo prioritario son los Presupuestos”.