La inminente desaparición de Elaborados Metálicos Emesa y el ERE extintivo de sus 75 trabajadores es el último capítulo de la prolongada sangría industrial de A Coruña. El rechazo de la banca acreedora —principalmente Banco Santander— a la única oferta de compra de Emesa, en liquidación, es la sentencia de muerte de esta histórica firma metalúrgica de Coirós. Los sindicatos apuntan al Gobierno gallego por este fracaso. “La Xunta tenía capacidad de actuación, es incomprensible que no hiciera que el Santander aflojara su postura para aceptar la oferta y salvar esta empresa emblemática”, considera Arturo Julián Vázquez, secretario xeral de la Federación de Industria de CCOO en A Coruña. La CIG, sindicato mayoritario en Emesa, coincide en que el Ejecutivo autonómico “miró para otro lado” y considera que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) no dio suficientes garantías financieras para fraguar la operación. “No es lógico que el inversor solicitara la ayuda del Igape en su oferta en vez de que la Xunta diese garantías de financiación al proyecto para salvar la empresa”, afirma Eduardo Caamaño, secretario comarcal de Industria de la central sindical nacionalista. Por su parte, el secretario xeral de UGT-FICA Galicia, Javier Carreiro, coincide en que “la administración debe tener un papel más activo para proteger la industria” y lamenta la pérdida de “una compañía histórica”.

El comité de empresa y los distintos sindicatos con representación en Emesa solicitaron a principios de mes una reunión urgente con el Igape para conocer el apoyo que esta agencia adscrita a la Consellería de Economía estaba dispuesta a prestar al proyecto de la gallega Estructuras Lago, única oferta presentada a la subasta de la unidad productiva que la administración concursal convocó como última vía para salvar la actividad y parte del empleo. “Todavía estamos esperando una respuesta del Igape”, lamenta Eduardo Caamaño.

Estructuras Lago ofrecía 2,68 millones de euros por Emesa con el compromiso de subrogar 18 puestos de trabajo y reanudar la actividad de la planta en 2021, siempre y cuando obtuviese la financiación necesaria para ejecutar el proyecto. Su propuesta recibió el informe positivo del administrador concursal, pero la venta dependía en última instancia del ok de la banca acreedora, que transcurrido el plazo de 30 días para decidir, dijo “no”. Según la información a la que han tenido acceso los sindicatos, de los dos bancos principales (entre los 9 con los que Emesa tenía deudas), Abanca se pronunció a favor de la operación pero Santander la vetó.

La cantidad ofrecida por Lago está lejos de cubrir la deuda bancaria, de más de 7,5 millones. La CIG considera que la negativa de Santander a la operación tiene que ver con la falta de garantías financieras del inversor, cuestión que a su entender podría haber resuelto el Igape para priorizar la supervivencia de Emesa. “El Santander tendría que dar más financiación para el proyecto y no vería clara la viabilidad”, lamenta Eduardo Caamaño, quien considera que la de Emesa era “una muerte anunciada desde que Grupo Soil la compró a Isolux”, hace cinco año.

El BNG también lamentó ayer que la Xunta “no actuara para evitar el cierre de Emesa”, agravando así el “claro declive industrial”. La responsable nacionalista en As Mariñas, Cristina López, recordó que su grupo alertó reiteradamente de la situación “gravísima” de la empresa pero “la Xunta se puso de perfil y no hizo nada para evitar el cierre”. El Bloque recuerda que Emesa recibió cuatro millones de euros en ayudas públicas en los últimos años y que su desaparición evidencia el “fracaso de la política industrial” con “más desempleo y más pobreza”.