La comisión de investigación sobre las cajas en el Parlamento de Galicia está en marcha. Otra vez. Y van tres con este los intentos para analizar la desaparición de las dos entidades de ahorro que concentraban casi la mitad del mercado financiero regional. Ocho años después de las maratonianas sesiones de comparecencias con los antiguos directivos, altos cargos de la administración, responsables de los organismos reguladores, sindicatos y afectados por las preferentes, entre otros, el portavoz del PPdeG en O Hórreo, Pedro Puy, volvió a atribuir ayer el retraso a los procesos judiciales relacionados con el caso y mostró sus “ganas de acabar” con un dictamen “objetivo, documentado y basado en datos ciertos”. Algo imposible, de momento, porque al seno de la comisión no han llegado el informe de la propuesta de fusión de las cajas y las actas de la reunión de secretarios xerais del Consello previa a la reunión en la que se autorizó la fusión y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó a la Xunta a entregar tras la denuncia de Antón Sánchez, exdiputado de En Marea; ni tampoco se abordaron las actas del Banco de España que acreditan, como reconoció recientemente la Audiencia Nacional, la quiebra de Caixa Galicia, la única razón por la que tuvo que intervenir el Frob.
Pese a ese agujero en la información, “aquellos temas que considerábamos fundamentales”, defiende Puy, “están aclarados”. Asegura que la Xunta entregará la información recogida en la sentencia. Noa Presas, del BNG, acusó a los populares de “un veto permanente a documentación, comparecencias y el dictamen”. El PSdeG insta a saber “por qué el proceso de fusión y venta de las cajas acabó tan mal para Galicia”. “Las dudas son muchas”, apuntó Pablo Arangüena.
