Decepción absoluta. Esa fue la reacción de las grandes industrias tras conocer los primeros detalles del nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos, por el que fábricas gallegas como Alcoa, Alu Ibérica, Celsa Atlantic, Ferroatlántica, XEAL o Megasa llevaban esperando con ansia dos años, y que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El mazazo fue mayúsculo porque, finalmente, el Estatuto no rebajará la factura de la luz para la gran industria con la intensidad que se esperaba, es más, la nueva norma abrirá la mano a que empresas que antes no recibían ayudas sí que las obtengan. La mayoría de ellas ubicadas en Cataluña o Valencia.
La Xunta no escondió su decepción. El estatuto electrointensivo “llega tarde y llega sin consenso” a juicio del conselleiro de Economía, Francisco Conde. Su valoración contrasta con la del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para quien el texto aporta “seguridad y certidumbre” a la industria gallega y mejora su competitividad.
A priori, el nuevo estatuto no recoge las alegaciones que había realizado los gobiernos gallego, asturiano y cántabro para conseguir que la rebaja tuviera en especial consideración a las grandes empresas asentadas en estas tres comunidades del noroeste, como es el caso de Alcoa.
El Gobierno, en cambio, ha decidido ampliar el abanico de compañías que pueden llegar a beneficiarse de estas ayudas. Tanto que los candidatos solo necesitan cumplir un requisito, su consumo debe ser superior a los 1 GWh durante dos de los tres años anteriores a recibir la subvención, sin embargo, la parte del pastel a repartir continúa siendo la misma.
La gran industria critica que se pierde de esta forma el espíritu de las electrointensivas, aquellas compañías para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico cuando compiten a nivel global y se incluye en el saco a industrias más medianas, donde el coste energético no es tan determinante. Tanto se abre el abanico que el Ministerio de Industria matizó que el nuevo Estatuto beneficiará a 612 empresas españolas englobadas en 60 actividades industriales diferentes y que dan empleo a 300.000 trabajadores.
De esta forma —y a falta de conocer el redactado final del Estatuto que se publicará en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— esa mayor laxitud en los requisitos beneficia especialmente a compañías industriales asentadas en Cataluña, Valencia o Andalucía. Y, colateralmente, resta competitividad a las gallegas. Fuentes de la gran industria tacharon la norma de “insuficiente” para los grandes consumidores.
El Gobierno de Asturias se mostró crítico igual que el gallego, mientras que el de Cantabria aplaudió la aprobación del estatuto. El nuevo marco energético industrial llega después de dos años de promesas. El Ejecutivo lo anunció en 2018 como medida para apoyar la venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés (ahora Alu Ibérica) para las que Alcoa había anunciado el cierre. Conde lamentó que, a pesar de la aprobación del estatuto empresas como Alcoa, Alu Ibérica, Celsa o Ferroatlántica no tienen “una certeza clara” sobre cuál será su situación “en el futuro”.
