La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía realizarán una “investigación integral” sobre Alcoa Inespal, Alu Ibérica, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo para determinar si hubo estafa en la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, de las que Alcoa se desprendió hace año y medio. Así lo ha solicitado la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que admite a trámite la querella presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en las sucesivas compraventas. El auto menciona la posibilidad de que los querellados hayan acometido acciones encaminadas a que las dos factorías terminen “en manos de empresas pantalla sin capacidad para llevar a cabo del plan de negocios”.

La decisión judicial llega cinco días después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase nulo el despido colectivo de 524 trabajadores de San Cibrao por “mala fe” de Alcoa. La jueza Tardón señala que “no puede obviarse” esta sentencia según la que “el fin único” que guiaba a la empresa era “apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”, lo que “permite sospechar de la existencia de una decisión estratégica” de la multinacional.

E Alcoa, Parter, Riesgo. Dos ventas en año y medio. La querella sostiene que Alcoa “engañó” a los 688 trabajadores que aglutinaba su plantas de A Coruña y Avilés (ambas formaban Alcoa Inespal SL) y a los sindicatos CCP, CCOO, UGT, USO y CIG en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción previa a la venta “abocando a la insolvencia de las unidades productivas para su transmisión lucrativa a terceros”. Las negociaciones comenzaron en octubre de 2018 cuando Alcoa anunció su cierre en A Coruña y Avilés. Tras una larga lucha con la mediación del Gobierno la empresa acabó vendiendo las plantas a la suiza Parter Capital en julio de 2019, con un blindaje de los puestos de trabajo de 24 meses. La sociedad se renombra como Alu Ibérica y al cabo de nueve meses, el pasado abril, el Parter anunció la venta del 75% de su fondo Blue Motion a Grupo Riesgo, que desde entonces ha tomado el control de las dos fábricas. La Justicia investigará ahora si estos movimientos han podido “llevar al incumplimiento de las cláusulas de contratación”. El sindicato CCP añade que los trabajadores de las plantas “carecen de trabajo efectivo” y “tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido”.

E Eliminación de competencia y movimientos “evidenciadores de la actividad defraudadora”. El auto menciona que en las negociaciones de venta realizadas con la mediación del Gobierno Alcoa presentó como “posibles compradores” a Parter y Riesgo mientras “excluyó a competidores con proyeccción internacional como Liberty [con quien este año mantuvo negociaciones frustradas para vender San Cibrao], Quantum, Aludium y Cunext”, que habían sido propuestos por el Ministerio de Industria. Por otra parte, el texto refleja que Alcoa Inespal redujo su capital social de 47 a 3 millones de euros el 14 de agosto de 2019, dos semanas después de sellar la venta y que en los meses siguientes hizo cambios en la titularidad de las sociedades propietarias de las dos plantas que resultan “evidenciadores de la actividad defraudadora que sustenta la querella”. Según los querellantes, “lo primero que hace Alcoa es bloquear la inversión de los 40 millones de dólares [20 millones para reactivar cada planta]” de forma que “frenó las inversiones y el pago de los salarios”.

“En definitiva —concluye el texto en referencia a la querella— los querellados han llevado a que la titularidad de las dos fábricas termine en manos de empresas pantalla sin capacidad para llevar a cabo el plan de negocios, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni el de la inversión con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo.

La investigación se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

El comité convoca huelga indefinida por un despido

Mientras la Justicia inicia la investigación sobre la venta de Alcoa A Coruña al fondo Parter y su posterior transmisión a Grupo Riesgo, la tensión entre el comité de empresa y la dirección va en aumento. La representación sindical de la fábrica de aluminio coruñesa (Alu Ibérica LC) anunció ayer la convocatoria de una huelga indefinida desde el sábado 26 de diciembre hasta que la compañía readmita a una trabajadora que fue despedida disciplinariamente. Por su parte, la empresa informó de que abre “expediente disciplinario por falta muy grave a los trabajadores identificados en el ataque sufrido en la planta de A Coruña”, en referencia a un enfrentamiento ocurrido el pasado jueves a la vuelta de una protesta ante la Delegación del Gobierno. “Estamos hartos del acoso sometido por parte del Grupo Riesgo a los trabajadores y trabajadoras y sus representantes”, denunció ayer el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que recordó el compromiso de mantener el empleo que se suscribió en la venta de Alcoa a Parter. La huelga, aseguró, ha sido una decisión tomada con el “apoyo unánime” de toda la plantilla y comenzará el sábado a las 6.00 horas de la mañana. Después de que Alu Ibérica acusase a la representación social de haber cometido una acción violenta contra otros trabajadores incluido el responsable de Recursos Humanos, el presidente del comité ha negado estos hechos y ha denunciado el “complot” llevado a cabo por parte de la compañía. En este sentido, insistió en exigir al Ministerio de Industria y a la Xunta de Galicia que “intervengan ya” la empresa ante la “gravedad de la situación”, pues están “ausentes” en un momento “delicado”. La dirección de Alu Ibérica, que no se ha pronunciado sobre admisión a trámite de la querella que investigará posibles irregularidades en su gestión, tachó ayer de “salvaje agresión” los por los que abre expediente a cuatro trabajadores, tres integrantes del comité.