Diciembre trajo un balón de oxígeno para los 524 trabajadores de Alcoa San Cibrao en forma de sentencia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulo el ERE (expediente de regulación de empleo) que la multinacional pretendía aplicar en su fábrica de aluminio primario —la última en activo de todo el país—, al apreciar que actuó de “mala fe”. “El fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”, indicaron los jueces en la sentencia. Los trabajadores celebraron el fallo con champán a las puertas de la factoría de A Mariña.

Un mes antes, el alto tribunal gallego prohibía a Alcoa parar las cubas como medida cautelar, estimando así parcialmente las peticiones de los CCOO, CIG y UGT para impedir un cierre que la empresa anunció en octubre, tras dar por muertas las negaciones de venta con el grupo británico Liberty House (GFG Alliance). Los jueces consideran que no tenía vocación de llegar a un acuerdo. La pretensión de Alcoa en San Cibrao, en palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “es que se cierre para que no tenga ningún competidor que haga aluminio primario en España”. La propuesta del Gobierno para que la firma negociase con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industrial) tampoco prosperó.

Alu Ibérica pasa a manos de Riesgo y aumenta la tensión en la planta coruñesa. Los antiguos trabajadores de Alcoa A Coruña, incrementaron sus movilizaciones después de que la empresa propietaria de las plantas de aluminio de A Grela y de Avilés, Alu Ibérica, pasase a manos de Grupo Industrial Riesgo en primavera. El comité de A Coruña denunció ante la Fiscalía la venta de la fábrica por “graves incumplimientos y supuestas ilegalidades”. El sindicato CCP-APC presentó una querella criminal contra Alcoa, Parter y Riesgo por la venta “irregular” de Alu Ibérica.

La crisis de las industrias intensivas en consumo eléctrico no resultó aliviada por el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que el Gobierno aprobó en diciembre tras dos años de retrasos. La gran industria criticó que apenas rebaja su factura de la luz y que las ayudas a las fábricas que requieren más energía se ven diluidas entre más de 600 beneficiarios, en perjuicio de territorios como Galicia o Asturias y en beneficio sobre todo de Cataluña.

Ferroatlántica Cee-Dumbría cambió su nombre a XEAL (Xallas Electricidad y Aleaciones) y presentó un ERTE para sus 300 trabajadores. Celsa, con planta en A Laracha, pidió el rescate a la SEPI.