Gobierno, patronal y sindicatos tienen bastante avanzado un primer fleco de la nueva prórroga de los ERTE del COVID: la fecha. El Ejecutivo y los agentes sociales coinciden en que la renovación se extienda hasta el 31 de mayo, según confirmaron varias fuentes conocedoras de las conversaciones. No obstante, el principio de acuerdo no es total y ahora que ya tienen cerrado el cuándo falta consensuar el qué. El planteamiento entre las partes es apostar por un esquema continuista, aunque sobre la mesa de diálogo social quedan varias incógnitas por resolver y que podrían complicar las negociaciones. Estas arrancaron ayer después del parón navideño y el próximo 31 de enero vencen las actuales condiciones de ayudas públicas para este mecanismo de protección social, del que dependen actualmente 755.000 trabajadores en toda España.
La voluntad manifestada por el Ejecutivo es tener un acuerdo antes del 15 de enero, y la idea que han planteado los titulares de Trabajo y Seguridad Social es introducir pocos cambios en el actual sistema de protección. La filosofía es “si no está roto, no lo arregles”. Una continuidad que han aplaudido los agentes sociales y que, en principio, debería facilitar las negociaciones.
La mesa de diálogo social retomó con predisposición y optimismo las negociaciones para renovar el esquema de blindaje social de los ERTE. Y de la mesa ya se perfila un primer consenso. Las partes apuestan por mantener una suerte de revisión trimestral del acuerdo, y el nuevo pacto, de consumarse, se extendería algo más y seguiría un horizonte similar al estado de alarma. La renovación sería de febrero a mayo.
No habrá un giro de 180 grados en el esquema de protección y las partes apuestan por mantener la herramienta de los ERTE de suspensión para los sectores más afectados, actualmente con exoneraciones de entre el 100% y el 90%. También la figura de los ERTE de limitación, para acompañar las restricciones de aforo decretadas de forma intermitente para negocios como bares, restaurantes o comercios. El próximo lunes está prevista una nueva reunión para avanzar en el acuerdo.
Los agentes sociales ven con buenos ojos la continuidad del actual esquema de ayudas a las empresas. “Le pido al Gobierno que no saque ningún conejo de la chistera” y que “prorrogue con las condiciones actuales”, manifestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro con periodistas ayer. Una línea similar a la que manifestó CCOO después de la reunión, que comenzó a las diez de la mañana y se alargó hasta pasadas la una del mediodía.
Los negociadores tienen por delante dos focos de posibles conflictos. Por un lado, la CEOE insiste en eliminar la cláusula de salvaguarda del empleo. Es decir, aquella según la cual las empresas que han accedido a un ERTE no pueden despedir en un periodo de seis meses desde que termina el ERTE. Y si lo hacen, deben devolver todas las ayudas públicas recibidas. El mantenimiento de esa cláusula es condición indispensable de los sindicatos, y el Ministerio de Trabajo no está receptivo a suprimirlas, según apuntan fuentes del diálogo social.
El otro foco de potencial conflicto es la cuantía de las prestaciones a cobrar por los trabajadores afectados. Los sindicatos marcan como línea roja que se mantenga intacto el actual importe. Para ello deberán pactar un leve retoque, porque en la última renovación, el Ejecutivo ya blindó que los empleados suspendidos cobraran el 70% de sus bases reguladoras y dio margen para ello durante seis meses. Es decir, hasta marzo tienen esa cuantía asegurada. Si la prórroga de los ERTE va más allá de marzo, este elemento deberá negociarse si las partes pretenden evitar que aquellos trabajadores que encadenen más de seis meses en ERTE pasen a cobrar el 50% de su base reguladora.
