El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que modifica la ley de consumo para definir la figura de consumidor vulnerable y establecer “medidas especiales de apoyo”, según informó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. Se trata, por tanto, de un “paraguas legislativo” para proteger a aquellas personas “particularmente expuestas a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o información”. Entre las medidas que incluye la nueva norma destaca la obligación de las empresas de prestar los “apoyos necesarios” a estos consumidores para que puedan “comprender correctamente el contenido de los contratos que firman”.

A través de la modificación de la ley de consumo, el Gobierno desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que “en sus relaciones de consumo se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales”.

El objetivo es proteger a los grupos sociales más indefensos como el de “menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información” porque, como dijo Garzón durante su intervención, “la vulnerabilidad no está solo vinculada a la renta”.