El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la normativa española que exige un importe mínimo en la pensión para obtener una jubilación anticipada, pese a que hacerlo perjudique más a las mujeres por ser mayoría en el sector de empleadas del hogar. El TJUE argumentó que el régimen español “no supone una discriminación basada directamente en el sexo” porque “se aplica indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras”.
