Al final, hay condiciones. El Reglamento de los fondos europeos Next Generation UE lo dice de forma explicita: dos veces al año, el Gobierno pedirá la liberación de fondos que deberá ser aprobada por la Comisión, con el visto bueno del Comité Económico y Financiero donde se sientan los estados miembros, tras un examen del grado de cumplimiento de las propias inversiones aprobadas y, sobre todo, del estado de avance de las diferentes reformas que la Comisión ha ido demandando en sus análisis de país.

Así, nos enteramos que el Gobierno presentó verbalmente a los agentes sociales y enviado luego a Bruselas, sin darlo a conocer al Congreso de los diputados, ni a los ciudadanos, 170 reformas agrupadas en 30 paquetes que van a acompañar a los proyectos de inversión para gastar esos fondos europeos. Aunque sería injusto equiparar esta situación con el rescate financiero que tuvo lugar en 2012 con un Memorándum de recortes que acompañaba a los créditos concedidos a España para evitar su quiebra como país, tampoco se puede decir, con rigor, que los actuales fondos europeos se conceden sin condiciones ni contrapartidas. Y no solo las ligadas a los propios objetivos de la inversión (verde y digital).

Nada de esto rebaja la importancia crucial de la iniciativa. A escala europea, lo conseguido supera con mucho la duplicación de los Fondos Estructurales y la creación del Fondo de Cohesión obtenido en 1994 por España como contrapartida al Acta Única. Y desde el punto de vista de construcción europea, supone el mayor paso adelante hacia más Europa, desde la creación del euro. Por primera vez, la UE articula una relevante respuesta conjunta de inversión solidaria y expansiva que, además, se financia con la primera emisión de deuda comanditaria. Junto a la actitud del BCE facilitando una financiación barata, casi sin límites, representa un giro total de las posiciones mantenidas, por ejemplo, al inicio de la crisis financiera de 2010.

Esta Europa no es la del austericidio de la década pasada, tal vez, porque esta crisis del COVID tampoco tiene nada que ver con la anterior crisis. En el recientemente aprobado Marco Financiero 2021-27 se pueden agrupar dos grandes líneas que, juntas, representan más de 1,7 billones de euros, sin duda la mayor inyección presupuestaria aprobada por la UE, donde se incluyen los fondos específicos para reactivar las economías de los Estados Miembro y aquellos destinados a favorecer la reconversión verde y digital de nuestras economías.

España puede contar en ese periodo con hasta 140.000 millones de euros, solo de los Fondos Next Generation, repartidos casi por mitades entre subvenciones y prestamos. El Gobierno ya ha adelantado, en sus Presupuestos para 2021, la cantidad de 27.000 millones de euros de subvenciones para este año y ello le ha permitido presentar, sin enseñar los cálculos, que esta inversión tendrá un impacto sobre el crecimiento tendencial del PIB de 2,6 puntos adicionales. En base a todo esto, envió las previsiones macroeconómicas a Bruselas incluyendo una estimación del crecimiento del PIB para 2021 del 9,8%.

Hoy ambas magnitudes se discuten como consecuencia de la tercera ola de la pandemia y de los retrasos experimentados en la gestión de los fondos. Así, el consenso económico que elabora Funcas ha rebajado la previsión de crecimiento para este año hasta el 6,3% mientras que el servicio de estudios del BBVA lo fija en el 5,5% y el FMI lo acaba de rebajar al 5,9% tras los malos resultados con que cerramos el 2020.

El Gobierno ha puesto todas sus esperanzas reactivadoras y transformadoras, en los Fondos Europeos Next Generation. Hasta el punto de que ha creado, por Decreto Ley, una estructura administrativa ad hoc para gestionarlos, acelerando trámites y creando nuevas entidades público-privadas como los llamados PERTES e, incluso, una especie de Consejo de Ministros bis que será la máxima autoridad en la materia. El rechazo de las CC. A al reglamento presentado esta semana por Hacienda forzará a un retardo añadido a su gestión. En todo caso, como la burocracia comunitaria no es menor, es casi imposible que los primeros fondos empiecen a llegar, incluso como adelanto, antes del segundo semestre y su impacto sobre las inversiones será imperceptible hasta el año próximo.

Conviene recordar, no obstante, que estos fondos, siendo muy importantes por la cuantía y por la filosofía transformadora que destilan, representan el 10% de la FBCF (inversión total) en un año normal como fue 2019 y un 20% más que el promedio de inversión pública total de todas las administraciones en los últimos cinco años. Es decir, que su impacto sobre el crecimiento dependerá de que prime el efecto adición sobre el de sustitución de otras inversiones, o no. Si las cosas empeoran, como parece, y la recuperación no coge vuelo por la pandemia hasta finales de año, serán necesarias nuevas medidas de ayudas directas a empresas, como empiezan a hacer autonomías como la Comunidad Valenciana y más estímulos sectoriales. Estos días hemos conocido que los empresarios del turismo reconocen que su mejor escenario para este año es que recuperemos la mitad de los turistas que nos visitaron en 2019 y esto, aun siendo optimista, sumiría al sector que representa un 12% del PIB español, en una grave crisis estructural.

Junto a la ayuda presupuestaria que representa esta fuerte inversión promovida desde la UE, podemos citar otros dos puntos adicionales, de no menor importancia, que también hay que apuntar en el rescate europeo de los países afectados por la pandemia. En primer lugar, la suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria que obligan a limitar los déficits y las deudas públicas dentro de unos parámetros acordados. ¿Por cuánto tiempo? Mientras dure la pandemia, podemos trabajar seguros inyectando los recursos presupuestarios que hagan falta para salvar a empresas y familias. Pero sepamos que, en algún momento posterior, se empezarán a exigir planes de ajustes presupuestarios.

La otra gran ayuda que hemos recibido de la UE se ha canalizado a través del Banco Central Europeo que, además de mantener los tipos de interés en cero, inyectará liquidez hasta marzo de 2022 por un monto total de 1,85 billones de euros, en el programa de compra de deuda pública asociada a la pandemia (PEPP). Durante 2020, por ejemplo, ha comprado en el mercado secundario unos 120.000 millones de euros de bonos españoles lo que ha permitido que la mitad de nuestras emisiones hayan sido a tipos negativos. Así, nos encontramos con la paradoja de que mientras tenemos un porcentaje de deuda sobre el PIB superior al pico anterior en 2014, la partida presupuestaria para pago de intereses de la deuda sea claramente menor que entonces.

La recuperación se retrasa hasta el segundo semestre. Pero, a pesar de ello, gracias a nuestra pertenencia a la UE, tenemos la gran oportunidad de salir de una crisis económica buscando mejorar nuestro valor añadido, en lugar de rebajando costes salariales que ha sido nuestra manera tradicional de recuperar competitividad. Podemos utilizar los fondos y la disciplina europea para hacer las cosas, mejor y no más baratas que antes. En eso consiste el verdadero cambio de modelo productivo. Si lo hacemos, la ayuda presupuestaria y financiera proveniente de Europa será un rescate en positivo.