La guerra laboral en la fábrica de aluminio de A Coruña (Alu Ibérica) se libra en pequeñas batallas que siguen su escalada a pesar de la tregua de tres semanas que la plantilla ha dado en su huelga indefinida, iniciada en Navidad y que está previsto reanudar el día 18 si la situación sanitaria mejora y la empresa sigue sin readmitir a la trabajadora despedida por vía disciplinaria. Durante el paro laboral, la empresa dejó sin abonar los salarios de diciembre y una vez suspendida la huelga anunció su intención de “retomar el pago de las nóminas pendientes”. Así lo ha hecho a partir de este lunes con el común de los trabajadores, pero no con los que tienen cargos de representación, según denunció ayer el comité. “Hay que decir claramente que existe una persecución sindical a los representantes de los miembros del comité y los delegados sindicales; a día de hoy [por ayer] son los únicos de la empresa que no han cobrado la nómina de diciembre”, expuso el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, que añadió que este hecho está ya “constatado por la Inspección de Trabajo y denunciado”.

Corbacho censuró ayer la “política antisindical” del Grupo Riesgo (actual dueño de Alu Ibérica) en una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para exigir el amparo del Ministerio de Industria. La movilización se limitó al comité de empresa (por motivos sanitarios), que entregó a la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, un escrito en el que solicita una reunión “urgente” de la Mesa del Ministerio de Industria para el seguimiento del plan industrial de las plantas de A Coruña y Avilés que Alcoa vendió a Parter Capital en 2019.

La protesta ante la Subdelegación estaba convocada para ayer coincidiendo con la fecha señalada para el juicio por la posible estafa en la venta en la Audiencia Nacional, finalmente aplazado hasta el 20 de mayo. “La plantilla tenía muchas esperanzas puestas en este juicio y el aplazamiento ha sentado mal”, explica Corbacho, que atribuye el cambio de fecha “artimañas” de algunas “empresas pantalla” que participaron en la venta y que a su juicio tratan de “eludir la responsabilidad”. “Es un vacile. Si pudieran retrasarlo más allá del 31 de julio lo harían”, anticipa. En esa fecha se cumplirán dos años desde la venta de Alcoa y terminará el blindaje laboral y salarial que todavía protege a la plantilla, aunque Corbacho lamenta que “se incumple por todas partes”.

“Urge establecer el amparo industrial más allá del proceso judicial”, insiste el presidente del comité, para quien a estas alturas está claro que el “escenario” en el que han quedado las dos fábricas de las que se deshizo Alcoa “se contempla como un fracaso” y que Riesgo “no vino aquí para dar un recorrido industrial”.

A la espera del juicio en el que la Audiencia Nacional dictaminará si Alcoa A Coruña se vendió a empresas pantalla para su transmisión lucrativa a terceros, el comité de empresa de la fábrica de A Grela encara otro proceso judicial, para el que esperan fecha en los juzgados coruñeses, sobre la supuesta lesión de sus derechos de huelga.