La Aluminum Company of America llegó a España a mesa puesta. Paul H. O’Neill, entonces presidente de Alcoa, vino con 410 millones de dólares bajo el brazo (63.450 millones de las pesetas de entonces, unos 380 millones de euros) y se los pagó al Gobierno español a cambio de quedarse con el negocio del aluminio que hasta entonces era público: nueve fábricas de la Industria Española del Aluminio (Inespal) y la sede central de Madrid. Era 1998, el arranque de la oleada de privatizaciones del Gobierno de Aznar. Un 6 de febrero, hizo ayer 23 años.
Entre esas fábricas estaban la de A Coruña (actual Alu Ibérica) y la de San Cibrao, última pica en España de una Alcoa ahora en retirada a la que le han ido sabiendo cada vez a menos los beneficios de la explotación de este sector estratégico. Durante años gozó de un precio blindado de la luz (coste clave para producir aluminio, actividad hiperelectrointensiva) y a continuación recibió una rebaja de más de 1.000 millones de euros en su recibo, según el Gobierno. Dos décadas después, el tercer productor mundial de aluminio vuelve a sentarse estos días con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero esta vez para andar el camino de vuelta: nacionalizar (de forma temporal) la factoría de aluminio de A Mariña, la última en funcionamiento del país.
Los resultados de aluminera en España se pierden en registros diferenciados por plantas y por sectores de negocio que no permiten a los sindicatos fijar una cifra final, pero ni las plantillas ni los gobiernos dudan del lucrativo negocio de la mayor electrointensiva de España en estas dos décadas. A los 15 años de hacerse con Inespal, la multinacional no solo tenía amortizada la compra sino que los beneficios ya multiplicaban por cinco ese coste solamente teniendo en cuenta las fábricas gallegas (A Coruña y parte de las ganancias de San Cibrao) y asturiana (Avilés, vinculada a A Coruña a nivel contable). De 1998 a 2014 A Coruña y Avilés generaron un beneficio neto de 1.490 millones de euros, según la representación sindical.
La electrointensiva sacó rendimiento al negocio con las fábricas que le entregó el Estado sin necesidad de grandes inversiones. “A nadie le preocupaba darle ayudas sin pedir compromisos”, lamentaba el presidente del comité de empresa de la antigua Alcoa A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, en el momento de la venta (2019), sin dudar que la multinacional estadounidense se comportó en España “como un depredador industrial”. “Vino a hacer una especulación tremenda de un sector estratégico, el del aluminio, que estaba en la industria estatal: extrusión, laminación, primario y alúmina, lo deshizo todo”, criticaba.
La fábrica de aluminio de A Coruña ya no es de Alcoa. Ni siquiera es de Parter, el fondo suizo que la compró hace año y medio y la rebautizó (junto a la de Avilés) como Alu Ibérica. Ahora mantiene esa denominación pero pertenece a Riesgo, el grupo que la adquirió la pasada primavera. Todas estas empresas tendrán que pasar en mayo por la Audiencia Nacional, que juzgará la posible estafa en las operaciones de compraventa. Entretanto, a seis meses para que se venza el blindaje de los puestos de trabajo, los trabajadores reclaman que la SEPI intervenga la fábrica de A Grela, como previsiblemente hará en San Cibrao, para garantizar su futuro.
La intención de Alcoa es quedarse solo con la refinería de alúmina de San Cibrao y desprenderse de la planta de aluminio, como hizo con el resto de las que tenía en España. Entre 1998 y 2013 Alcoa amarró un precio fijo de la luz (a 3,8 pesetas durante los 10 primeros años y 4,24 para otros cinco, según lo fijado en la compraventa de Inespal). Vencido ese acuerdo, en 2013 amenazó con cerrar sus fábricas de A Coruña y Avilés. Para evitarlo, el Gobierno convocó una subasta extraordinaria en 2014 en la que la multinacional logró 142 millones de rebaja en su factura eléctrica. En una década fueron más de mil millones. A golpe de primas eléctricas (a cambio del servicio de interrumpibilidad) Alcoa aguantó cinco años más su producción en A Grela y San Balandrán. En 2018 volvió a anunciar su cierre, que solo después de una larga lucha sindical y mediación del Gobierno, se convirtió en venta.
A Alcoa no le valió el estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno para hacer competitiva la industria electrointensiva y ahora le toca a San Cibrao. La plantilla de A Mariña tuvo que acudir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para paralizar el cierre de la planta de aluminio, lo que ha forzado a los de Pittsburgh a sentarse (otra vez) con la SEPI. Esta semana confirmaron el inicio de la negociación, en una suerte de déjà vu que cierra el círculo del negocio de la electrointensiva estadounidense en España.
