Los trabajadores de la fábrica de aluminio de A Coruña (más de 300) volvieron ayer a la huelga. A las cinco de la tarde, la columna de humo negro de las barricadas de Alu Ibérica localizaba de nuevo el conflicto a las puertas de la factoría de A Grela, donde pancartas y consignas reclamaban la readmisión de los despedidos por vía disciplinaria. La escalada del conflicto entre la plantilla de la antigua Alcoa y el Grupo Riesgo (actual propietario de Alu Ibérica) es palpable después de que la empresa decidiera echar al presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, y otros tres representantes sindicales. Corbacho lideró la movilización de ayer y avanzó que seguirá al frente del comité mientras sus compañeros o una sentencia firme no digan lo contrario. Los cuatro afectados impugnarán sus despidos, que el comité tacha de “ilegítimos”. CCOO, CIG y UGT convocan movilizaciones contra la “represión sindical” en la fábrica. A seis meses para caduque el blindaje laboral pactado en la venta de Alcoa, los obreros declaran la guerra a Riesgo, a quien califican de “estafa”. “Lucharemos hasta la última gota de sangre”, avisó ayer Corbacho.
La compañía anunció el despido de los cuatro representantes de los trabajadores —por un expediente de supuestas agresiones abierto en diciembre— hace ocho días. Sin embargo, el presidente del comité asegura que no obtuvo comunicación oficial hasta ayer, cuando él mismo acudió a recoger la carta a un notario. Corbacho dejó claro que la impugnación se tramitará de forma inmediata y confió en su anulación.
El representante de los trabajadores de Alu Ibérica acusa a la empresa de elaborar “escenarios” con “pruebas preparadas” para “llevar a cabo su objetivo: deshacerse de la plantilla”, dado que “la única posibilidad que tiene de despedir es de forma disciplinaria”. Parter Capital se comprometió a mantener el empleo y los salarios dos años desde la compra a Alcoa, el 31 de julio de 2019, pero el fondo suizo no llegó a cumplir ese tiempo y el año pasado revendió Alu Ibérica (las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés) a Grupo Riesgo. Desde entonces, el conflicto ha ido en aumento.
Corbacho recriminó ayer a Riesgo que mantenga una “planta de zombis” —por carecer a su juicio de un plan industrial real— y mostró su deseo de que pronto “de explicaciones” en el juicio de que la Audiencia Nacional celebrará el 20 de mayo para evaluar la posible estafa en la venta y la reventa de las factorías. En ese sentido, Corbacho celebró que la jueza haya rechazado los recursos de los directivos de Riesgo Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho.
El próximo viernes el comité y la dirección se verán las caras en la Audiencia Provincial de A Coruña, en un juicio por supuesta violación de derechos sindicales. CCOO, CIG y UGT convocan una concentración para ese día contra la “represión sindical” y avanzan que anunciarán ante la sede judicial una gran movilización para rechazar las “prácticas antisindicales” de Alu Ibérica. Ayer mismo, la Policía levantó atestado a petición del propio comité sobre el hecho de que la empresa les impida el acceso a las instalaciones.
En la agenda política
El comité de Alu Ibérica se reúnen hoy en Madrid con representantes del Ministerio de Trabajo a los que expondrán la situación de “acoso y derribo” que, a su juicio, sufren los trabajadores. La siguiente cita en la agenda política será el lunes, con el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde.
La protesta de ayer contó con el respaldo de representantes políticos como la portavoz de la Marea Atlántica María García y el edil del BNG Francisco Jorquera. Alu Ibérica vuelve a la agenda política también en Asturias, donde el Principado respaldó ayer que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) intervenga la planta para ponerla “en manos de un inversor serio y solvente”. Esta misma semana, el PP gallego bloqueó una iniciativa parlamentaria del BNG que pretendía el mismo fin.
