El Gobierno sopesa ampliar la moratoria de los concursos de acreedores forzosos más allá del 14 de marzo, según confirman varias fuentes a este diario. La medida, reclamada por la patronal CEOE y por la banca y apoyada por el Banco de España, busca evitar una oleada de suspensiones de pagos de empresas a partir de esa fecha que se lleve por delante por igual a compañías viables con problemas puntuales a causa de la pandemia, a las que se quiere apoyar, y a firmas estructuralmente inviables o zombies.

Se trata de dar tiempo para desplegar dos de las iniciativas que ultima el Ejecutivo: por un lado el nuevo marco de apoyo a empresas con reestructuraciones de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas directas, que aspira a aprobar en marzo con el visto bueno de la Comisión Europea, y por otro la reforma de la ley concursal para agilizar estos procesos y evitar que aboquen a la mayoría de compañías a la desaparición.

Normalmente las empresas están obligadas a instar su concurso de acreedores voluntario en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También lo pueden reclamar los acreedores (concurso necesario). La pasada primavera, el Gobierno dio luz verde a la suspensión de dicho deber de solicitar la declaración de concurso, así como a la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso por los acreedores.