Con una deuda de 6.000 millones de euros Abengoa afronta el concurso de acreedores y, una nueva etapa de incertidumbre, la tercera ya, mientras que políticamente se reparten las culpas sobre quién ha dejado caer a la empresa sevillana de ingeniería y energías renovables, que no ha sido capaz de poner de acuerdo a sus accionistas sobre el plan de refinanciación que había de sacarla de su última crisis. La firma protagoniza la segunda mayor insolvencia de la historia española después de la de Martinsa-Fadesa, que en 2008 declaró una deuda de 7.000 millones.

Abengoa llega a este tercer traspié —en 2015 se declaró por primera vez en preconcurso, con una deuda de 20.000 millones, y en 2018 fue el segundo tropiezo del cual no ha podido salir aún— al no sacar adelante el último plan de salvación que había de procurar una inyección de 550 millones de euros entre créditos y avales. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) debía aportar 300 millones en avales, mientras que los 250 restantes se repartían en 180 millones prestados por la banca acreedora y avalados por el ICO, 50 millones en un crédito del ICO y 20 millones que aportaría la Junta de Andalucía. Pero el crédito municipal no llegó a aprobarse por parte de la Junta, a quien se señala como causante del desenlace en la insolvencia.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, defendió ayer que el Gobierno ha hecho “sus deberes y tareas” para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa. Aseguró que son otros los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen “que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso” .