La provincia de A Coruña cuenta actualmente con casi 20.000 trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la pandemia; mientras que desde marzo a diciembre de 2020 fueron 86.773 los coruñeses preceptores de esta prestación. Así lo comunicó ayer la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, que también indicó que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó el año pasado casi 228 millones de euros a empleados de la provincia en ERTE.

Tras una reunión por vía telemática con el director provincial del SEPE, Carlos del Canto, López-Rioboo destacó el “importante escudo social” puesto en marcha por el Gobierno para proteger a los trabajadores afectados por la crisis sanitaria.

Por su parte, Carlos del Canto señaló que la pandemia aumentó en un 600% la carga de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal en la Provincia.

En la actualidad, aseguró, el porcentaje de aumento de la carga de trabajo se sitúa en el 80% respecto al mismo mes del año anterior.

Casi 235.000 expedientes

En 2020 se tramitaron 234.879 expedientes en la provincia y la Oficina Virtual del SEPE (Ratel) atendió 67.414 llamadas.

A fecha del 15 de febrero el número de personas acogidas a un ERTE en la provincia coruñesa era de 19.733, lo que supone un importe neto en nóminas mensuales a abonar por el SEPE de 8,4 millones de euros.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá insistió ayer en el papel que deben jugar los nuevos ERTE estructurales en los que trabaja el Gobierno para que sirvan de mecanismo de ajuste alternativo al despido.

Cuando termine la crisis y llegue la recuperación, expuso, algunos sectores y empresas van a afrontar procesos de reestructuraciones, de ajustes y ahí deben jugar un papel clave. Estos nuevo ERTE van a estar ligados a la formación y van a tener opción de contar con ayudas públicas, según la presentación de Escrivá.

La idea es que faciliten la movilidad de trabajadores entre empresas sin pasar por despidos y podrán contar con financiación de los fondos europeos para “hacer frente a la transición a una nueva economía verde y digital”, según sostuvo el ministro.