La escalada del conflicto laboral en Alu Ibérica A Coruña (antigua Alcoa), en huelga indefinida, recibe su primera sentencia judicial. El Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña ha fallado a favor de los trabajadores en el juicio celebrado el pasado viernes y condena a la empresa a pagar una indemnización de 6.250 euros a cada uno de los nueve miembros del comité de huelga coruñés y cada uno de los tres sindicatos —75.000 euros en total— por lesionar su derecho a la huelga. Además, el juez “ordena el cese inmediato” de la vulneración de derechos sindicales. La sentencia puede ser recurrida.

El auto considera probado que la dirección de la fábrica dio órdenes expresas de impedir el acceso a las instalaciones a representantes de los trabajadores desde que comenzó la huelga el 26 de diciembre, como denunciaron CCOO, UGT, CIG y el propio comité de huelga de la fábrica de aluminio coruñesa. Un inspector de Trabajo advirtió a la empresa en enero de que debía permitir la entrada al comité y en una segunda visita comprobó que la actitud hostil del Grupo Riesgo persistía. El juez considera que la compañía ha incurrido en la “vulneración de un derecho fundamental” y que lo ha hecho sin causa justificada, por lo que ha habido una “intromisión ilegítima”.

La sentencia menciona pero no entra a valorar los hechos del 17 de diciembre —cuando se produjo el primer despido disciplinario, de una trabajadora del servicio de comedor— y del 26 del mismo mes —primer día del paro indefinido—, por los que la empresa denunció conductas “violentas” de miembros del comité. A raíz de aquellos expedientes, la compañía ejecutó en febrero el despido disciplinario de cuatro miembros del comité, incluido su presidente Juan Carlos López Corbacho. La decisión ha sido impugnada y, a espera de una resolución, los trabajadores siguen ejerciendo su labor de representación.

Alu Ibérica (Grupo Riesgo) rehusó ayer valorar la sentencia. La compañía no aclaró si la recurrirá y, en un comunicado, argumentó que no ha “recibido ninguna notificación judicial”. En ese sentido, manifestó su “malestar ante la difusión pública de una sentencia privada que no ha sido notificada pertinentemente pertinentemente y al mismo tiempo a las partes interesadas”.

Por la parte social, los tres sindicatos con representación en Alu Ibérica LC celebraron ayer la sentencia. Desde CCOO —con mayoría en el comité de la fábrica—, el secretario general en Galicia, Ramón Sarmiento, reivindicó como “vital y determinante” que el fallo sirva para impulsar “una participación activa de las administraciones,” a las que pidió que “no dejen en el desamparo a los trabajadores de Alu Ibérica” y atiendan “las justas reivindicaciones que están haciendo el comité de empresa y las organizaciones sindicales”.

Para la CIG, se trata de “un paso más en la lucha de la plantilla contra la represión y por un futuro industrial”. También, “una llamada de atención para que los gobiernos español y gallego, como avalistas del proceso de venta de la fábrica (primero de Alcoa a Parter y después de Parter a Riesgo) asuman de una vez su responsabilidad”, que para la central nacionalista pasa “inevitablemente por una intervención pública”.

UGT-Galicia, por su parte, insta a la empresa a “que cese esta hostilidad, como así se recomienda también en la propia sentencia” y recuerda que el día 27 está convocada una manifestación en A Coruña contra la represión en Alu Ibérica.

El conflicto laboral juzgado en A Coruña el viernes no es el único problema legal al que se enfrenta Alu Ibérica. Este mismo lunes, la compañía ha tenido que comparecer en los juzgados de Avilés (donde se asienta su otra fábrica) para reconocer ante el juez que no está cumpliendo con el pago de la caja social de sus empleados.

Pero la cita judicial que está marcada en rojo en los calendarios de empresa y trabajadores es la del 20 de mayo en la Audiencia Nacional, que dictaminará si hubo fraude y estafa en las sucesivas ventas de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés de Alcoa a Parter Capital (en 2019) y de Parter a Grupo Riesgo (en 2020).