Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han tomando esta mañana y de forma simultánea las fábricas de Alu Ibérica (antes Alcoa) en A Coruña y Avilés. Investigan la venta de la fábrica a un presunto grupo criminal. Hasta la empresa de Agrela se han desplazado agentes uniformados y también policías de paisano. Los efectivos policiales han accedido a las oficinas con una orden judicial y han ordenado a los operarios parar la actividad y mantenerse en sus puestos, según ha podido saber este diario. Buscan pruebas de la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas que en su día fueron de Alcoa.
La operación está relacionada con la denuncia presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales de Alu Ibérica contra la venta de la empresa ante la Audiencia Nacional. Los efectivos policiales estarían recabando información a lo largo de la mañana en la planta de la compañía. A primera hora había al menos dos vehículos antidisturbios en las puertas de la fábrica coruñesa.
Los trabajadores de Alu Ibérica continúan en huelga indefinida por el despido de una trabajadora y de cuatro representantes sindicales.
MÁS DE CIEN POLICÍAS Y ONCE REGISTROS
Más de cien funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, participan en el operativo policial que se está desarrollando este jueves en A Coruña y Avilés. En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Buscan pruebas de la despatrimonialización fraudulenta de las plantas que fueron propiedad de Alcoa en ambas ciudades.
AUDIENCIA NACIONAL
La investigación, dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en sus diligencias previas declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.
ANTECEDENTES
La raíz de esta operación viene de atrás. A finales de año, María Tardón Olmos, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, admitió a trámite –en sintonía con lo dispuesto por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional– la querella que interpusieron cinco federaciones sindicales contra Alcoa, Grupo Industrial Riesgo, varias de las filiales de ese grupo, el fondo de inversión Parter Capital, su sociedad instrumental Blue Motion Technologies Holding y Alu Ibérica por el desarrollo de la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés y los hechos acaecidos desde que se formalizó esa operación.
Agentes de la Policía Nacional, a la puerta de Alu Ibérica en Avilés.
Ahora bien, añadió entonces la magistrada, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella respecto de algunos elementos que resultan esenciales para una más precisa determinación de las conductas punibles, como la titularidad real de las dos factorías (Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña), sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, así como los sucesivos cambios que se hayan producido en las mismas desde el inicio del proceso de negociación, se hace preciso recabar la incorporación de tales informaciones solicitando la intervención de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y en esas supuestamente están ahora los agentes desplazados en A Coruña y Avilés.
A ellos se les ordena una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella y cuantos puedan guardar relación con el esclarecimiento de los hechos objeto de la misma, de forma previa a resolver sobre las diligencias de investigación propuestas en dicha querella. Y también le corresponderá a la UDEF investigar acerca de los posibles cambios que se hayan producido en la actividad de los gestores de Alu Ibérica, así como la existencia de cualquier investigación que por parte de las autoridades laborales y/o tributarias pudieran haberse seguido contra los querellados, o las consecuencias económicas, en su caso, con determinación de los perjudicados por esos hechos.
