Eran las nueve de la mañana cuando varios furgones de la Policía Nacional tomaban ayer por sorpresa y de forma simultánea las dos fábricas de Alu Ibérica, en A Coruña y Avilés (Asturias). Accedieron a las oficinas con una orden judicial y pidieron a los trabajadores que se mantuvieran en sus puestos y que dejaran de trabajar en los ordenadores. “Estamos contentos de que esté aquí la Policía, pero los políticos no pueden olvidarse de nosotros”, manifestaba José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de factoría asturiana.
La jornada de ayer —a pocos meses del final del acuerdo de compraventa de las plantas alumineras de las que se deshizo Alcoa— fue de celebración, de reivindicación y de temor de que todo “vuelva a quedar en nada”, es decir, sin aluminio, con medio millar de trabajadores en el paro y con un solar y una ruina en la otra orilla de la ría avilesina.
El resultado de todos estos movimientos policiales de ayer, según fuentes oficiales, es “secreto”. Y, sin embargo, ayer trascendió que los agentes interrogaron profundamente a trabajadores de los departamentos financiero y administrativo de las fábricas de A Grela y San Balandrán (al menos, hasta pasadas las tres de las tarde). Entre otros, a Francisco de Francisco, responsable de Recursos Humanos de la sociedad Alu Ibérica, el primer ejecutivo que llegó de la mano de Riesgo, concretamente a mediados de julio del año pasado, tres meses después de que el grupo entrara en la propiedad de la compañía tras adquirir tres de las cuatro partes que había comprado Parter Capital Group a Alcoa. De hecho, todo este ir y venir de acciones es lo que la Audiencia Nacional trata de desentrañar.
