La Policía Nacional detuvo ayer a tres mandos de Grupo Industrial Riesgo, actual propietario de Alu Ibérica, tras el registro de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés y de las oficinas de Madrid, Alcobendas, Málaga y Castellón. Dos de los arrestados fueron esposados en la capital de España, donde Riesgo tiene sus oficinas centrales. El otro, en la provincia de Málaga. Allí está domiciliada la empresa PM MR 1850, que es la matriz del entramado empresarial que controla las dos factorías de las que se deshizo Alcoa. Según la agencia Efe, los tres detenidos prestan declaración esta mañana en la Audiencia Nacional. Asimismo, está previsto la toma de declaración de una cuarta persona, de Castellón.

El macrooperativo se encuadra en la investigación del supuesto fraude en la venta de las fábricas de Alcoa a Parter Capital (en 2019) y de este a Riesgo (en 2020), con la presunta “despatrimonialización fraudulenta” de las plantas. La acción policial —en la que colaboró la Inspección de Trabajo— llega en un momento de máxima tensión laboral en la factoría coruñesa, en huelga indefinida, con los despidos de cuatro miembros del comité recurridos, con denuncias sobre impagos y la sentencia aún caliente que condena a Riesgo a indemnizar al comité por vulnerar derechos sindicales.

Las detenciones de ayer fueron el episodio final de una operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en las oficinas de Riesgo y también en la sede central de Alcoa en Madrid. Todos, por orden de María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la que aceptó la querella criminal que presentó el sindicato CCP contra una decena de personas físicas y nueve empresas. El juicio está señalado para el 20 de mayo.

La Policía Nacional toma las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés

La Dirección General de la Policía explicó que el macrooperativo responde a la investigación de la “presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa”.

La querella recoge supuestos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech —máximo directivo de Riesgo— y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group. La investigación está bajo secreto de sumario y ayer no fue comunicada la identidad de los detenidos.

Los portavoces de Alu Ibérica no supieron dar una explicación coherente del resultado de la operación policial. Los de Alcoa sí: “Estamos cooperando con las autoridades. Alcoa vendió las plantas de Avilés y A Coruña en 2019 a Parter Capital Group en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores. Posteriormente, Alcoa ha presentado una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas”. En 2019, Alcoa reclamó el apoyo de los trabajadores, pero no lo obtuvo porque estos recalcaron que había sido la multinacional la que había decidido a qué grupo iba a vender sus fábricas de aluminio primario. El aval del Gobierno de España sí lo obtuvieron.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que Alu Ibérica “no puede seguir en la situación en la que está” y lamentó el “cierre en falso” del proceso de venta.